Vivimos un momento de tensión social creciente en torno a la vivienda, y en esta crisis hay una pieza clave que hace demasiado tiempo que cojea: las licencias urbanísticas. Demasiado lentas, demasiado expuestas a interpretaciones variables, demasiado desconectadas de la realidad social y económica.
En este contexto que el Govern recientemente ha impulsado la figura de la licencia básica, una medida que, lejos de aportar soluciones, evidencia la profundidad del problema. Permitir empezar las obras de una vivienda protegida con solo un proyecto básico, sin garantías que la licencia definitiva se otorgará, no es agilizar: es generar incertidumbre. Es desplazar la responsabilidad hacia promotores, constructores y profesionales que se ven obligados a asumir un riesgo que ningún proceso administrativo bien estructurado tendría que trasladarles.
La quiebra no es solo técnica. Es política, institucional, social y, sobre todo, de modelo
Hay que decirlo claro: la quiebra del sistema de licencias no es solo técnica. Es política, institucional y social. Y sobre todo, es una quiebra de modelo. Un reflejo de una sociedad que reclama resultados sin consolidar procesos. De un sistema administrativo que tendría que garantizar transparencia, rigor y previsibilidad —principios básicos de un Estado de Derecho—, pero que a menudo queda atrapado en un laberinto normativo sin responsabilidades claras ni plazos eficientes.
Los arquitectos, en este escenario, nos hemos convertido en el cajón de sastre del sistema: hacemos de informadores, intermediarios, verificadores, gestores, técnicos y garantes finales. A menudo, con una carga desproporcionada de responsabilidad que no se ajusta a nuestro rol dentro del proceso. Y, mientras tanto, muchos municipios no disponen de los recursos necesarios para tramitar con la celeridad que la situación reclama.
Imagen de archivo de construcción de pisos
El COAC ha propuesto medidas concretas y viables: informes de idoneidad técnica previos, visado colegial obligatorio para los proyectos básicos y el tratamiento preferente de los expedientes de vivienda protegida, entre otros. No se trata de reclamar privilegios, sino de construir un sistema que funcione, que sea ágil pero también garantista, y que ponga la administración al servicio del interés general. Hace falta una reiniciación política del sistema de licencias. No una huida adelante con decretos de urgencia, sino una apuesta decidida por la transparencia, la responsabilidad y la colaboración. Si no lo hacemos, lo que hoy se presenta como solución acabará siendo una fuente de frustración colectiva.
El derecho a la vivienda digna exige mucho más que buena voluntad: exige estructura, confianza y responsabilidad compartida.