Los acuerdos en política son una herramienta estupenda para sacar pecho, ya que se trazan con objeto de mejorar la vida de los ciudadanos; qué mejor cartel electoral. Sucede, sin embargo, que el desacuerdo también puede ser una buena estrategia. Este segundo camino es el que Junts per Barcelona cree que ha tomado el PSC de Jaume Collboni respecto de la negociación que ambos partidos tienen abierta -o tenían- para reformar la reserva del 30% de vivienda social en nuevas construcciones o grandes rehabilitaciones. El presidente del grupo municipal de Junts, Jordi Martí, ha explicado hoy que el diálogo con el gobierno sobre esta cuestión se ha roto. Por “desconfianza absoluta” en un alcalde al que también acusan de “prepotencia”.
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Martí rompe la baraja a las puertas de un pleno municipal, el viernes, en el que se evidenciará, una vez más, la soledad y el desamparo de un PSC que trata de tirar adelante la ciudad con tan solo 10 concejales después de que haya sido imposible tejer un gabinete de coalición con otras bancadas. No es un fin del diálogo para lo que queda de mandato (mayo de 2027) pero sí una advertencia de que las cesiones a Junts por parte del gobierno municipal están todavía lejos como para que el 30% pueda reformarse.
Edificio en plena rehabilitación, en Barcelona
Si permiten el símil matrimonial, la cosa no llega ni a separación, ni mucho menos a divorcio. Es más bien un tomarse un tiempo para coger perspectiva y ver si hay margen para la conciliación. Y comprobar, cómo no, qué es lo que más conviene a cada uno, habida cuenta de que en la segunda mitad de los mandatos municipales, los errores tienen que ser quirúrgicos, a poder ser invisibles. Acuérdense de la consulta de la Diagonal de 2010 (elecciones en 2011), o del follón de Can Vies en 2014 (comicios en 2015).
A Collboni le sale más a cuenta no llegar a un acuerdo sobre el 30% para poder acceder al electorado de los 'comuns'
La reserva de vivenda social, ha admitido Martí, ha sido “un fracaso clamoroso”. Junts votó a favor de la modificación del plan general metropolitano en 2018 por el momento de “emergencia habitacional” por el que atravesaba la ciudad. Pero las cifras (se prometieron 330 pisos cada año y en global solo llega a 150 en siete años) demuestran que la medida no ha tenido el efecto esperado.
Martí pasea por la plaza de Sant Jaume, el pasado miércoles
Vista la composición del pleno, y en el caso de que al PSC sí le interese impulsar esta reforma, la única opción que encaja es la de Junts. PP y Vox votaron en contra en su momento; BComú apuesta por endurecer la medida, y ERC podría ser un buen bastón pero sus cinco concejales no suman para alcanzar la mayoría. Cosas de la vida, los 10 socialistas y los 11 de Junts suman 21, la cifra que todo lo desbloquea en el lado mar de Sant Jaume. “Creemos que a Collboni le sale más a cuenta no llegar a un acuerdo porque aspira a conseguir el botín de los votos de los comuns. Para ellos, un pacto sobre el 30% es un mal negocio”, ha resumido Martí.
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El líder de Junts en Barcelona ha recordado que su partido ya presentó en febrero su hoja de ruta para alcanzar un acuerdo. Eran seis medidas entre las que se contaban ayudas al alquiler y la compra, reducción del 4% del IBI (el PSC aceptó un 2%) o reclamar a la Sareb los activos que tiene en la ciudad, amén de flexibilizar la reserva de 30% de vivienda social para hacerla más atractiva y viable. Según Martí, sus reivindicaciones no han sido atendidas y, por ende, el diálogo ya carece de sentido. Por ahora.
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Sobre cómo les puede afectar a ellos que el 30% no se modifique, Martí se ha sacudido cualquier responsabilidad sobre el hecho de no llegar a un acuerdo: “Quien manda es el gobierno, que primero lanza advertencias, luego vienen las presiones y por último, los ultimátums. El pacto está en sus manos, pero sospechamos que esta situación ya les va bien”, ha concluido.