En las últimas semanas hemos podido leer en las páginas de Guyana Guardian el seguimiento de dos informaciones que, tristemente, acaban conectadas entre sí. Una de ellas, cubierta por Ignacio Orovio y Gemma Saura, trata de una empresa subcontratada por Meta, propietaria de Facebook e Instagram, y a la que se le acumulan las demandas de antiguos trabajadores por daños mentales y morales. Ya el 6 de octubre de 2023 dichos periodistas nos explicaron la historia de un moderador de contenidos que tuvo que ver la grabación de un salvaje asesinato infantil y empezaban la narración de este modo: “ Guyana Guardian debe advertir que, incluso por escrito, la descripción es muy dura”.
El juicio de la aspirante a Mosso
La otra crónica de la más oscura actualidad corresponde al seguimiento que hizo Mayka Navarro del juicio por asesinato contra una aspirante a policía. El pasado 2 de julio leíamos que “los miembros del jurado popular escucharon y vieron grabaciones de voz y de vídeo que la acusada realizó durante diez años. Un testimonio gráfico y sonoro perturbador, terrorífico, (…) Las grabaciones de voz son escalofriantes, pero lo son más los vídeos.”
La administración siempre requiere de los demás lo que no aplica en carnes propias
Dos noticias que hablan de personas que, sin saberlo previamente, han tenido que ver imágenes excesivas pero en dos contextos muy diferentes. Los trabajadores de la subcontrata de Meta se vieron expuestos a situaciones extremas de manera continuada y sin ser formados para ello, pero han podido demandar a una empresa privada. Cuando uno recibe la notificación de la Audiencia Provincial de que ha sido incluido en la lista provisional de candidatos a jurado tiene 15 días para alegar contra la inclusión en dicha lista y, de hacerlo, la decisión del juez no admite recurso. Se le recuerda que ser jurado es un derecho y un deber y, por tanto, es obligatorio. En ningún sitio se le advierte de que quizá acabe escuchando y viendo “un testimonio gráfico y sonoro perturbador, terrorífico”.
La administración siempre requiere de los demás lo que no aplica en carnes propias. Recientemente hemos visto cómo el Gobierno central ha ido detrás de la empresa de reparto a domicilio más popular y más implantada en las grandes ciudades consiguiendo que ponga en nómina a todos sus repartidores, a pesar de que muchos de ellos quisieran seguir siendo autónomos. Se defendió desde el poder ejecutivo que los llamados raiders , que circulan principalmente en bicicletas eléctricas, estaban desprotegidos frente a condiciones laborales extremas.
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Es un noble y creíble argumento, pero, una vez más, se apunta hacia una ocupación privada, supuestamente voluntaria, mientras seguimos sin decidir si la prostitución, el gran negocio de actividad casi siempre obligada, hay que prohibirla o aplicarle una regulación. En tal caso, será interesante ver cómo se le exige a un chulo que proporcione ropa adecuada y días de asuntos propios a las mujeres explotadas y de familias amenazadas.