Denuncia contra 35 inmobiliarias por incumplir la regulación del alquiler en Barcelona

Sindicat de Llogateres

Las empresas, según la demanda, omiten información como la renta anterior o la condición de gran tenedor del propietario, aunque el 28% de los ejemplos son pisos de temporada, para las que no aplica la norma

Una pareja mirando el escaparate de una inmobiliaria con las ofertas de pisos y casas de alquiler y venta.

Una pareja observa el escaparate de una inmobiliaria con las ofertas de pisos y casas de alquiler y venta. 

Mané Espinosa

No informar sobre el precio anterior, no añadir el índice de referencia del alquiler al ser una zona tensionada y omitir la condición de gran tenedor del propietario. Estos tres elementos centran la denuncia presentada por el Sindicat de Llogateres ante la Agència Catalana de Consum contra 35 inmobiliarias y cinco particulares que, a su modo de ver, vulneran el decreto ley 1/2025 por el derecho a la vivienda. Este colectivo ha hecho pública la lista de denunciados y ha aportado el detalle de los 50 anuncios publicados en portales en los que se habría vulnerado la normativa que, precisamente, busca frenar la escalada de los precios de alquiler. Analizado el medio centenar de ejemplos expuestos, en 13 casos se trata de un alquiler de temporada, y uno de ellos hace referencia a un piso de nueva construcción. En ninguno de estos 14 inmuebles (el 28% del total expuesto) se  tienen que aplican los límites y normas de la ley.

A través de un comunicado, el sindicato asegura que la muestra es “muy limitada”, y se queja de que los incumplimientos “son sistemáticos en un parte mayoritaria de los anuncios”. Según los denunciantes, no incluir la información que requiere la ley es “un simple descuido, sino una acción deliberada para ocultar a los potenciales arrendatarios información necesaria para defender sus derechos”. Recuerdan, del mismo modo, que omitir estos datos se considera “una infracción grave o muy grave, con multas que pueden oscilar entre los 9.001 y los 90.000 euros, especialmente en los casos de reiteración o afectación colectiva”.  

El sindicato lamenta que el Govern no haya interpuesto una sola demanda desde que entró en vigor el régimen sancionador, el pasado mes de febrero. “Si no es la administración quien controla proactivamente el cumplimiento de la regulación, se está enviando un mensaje a inmobiliarias y rentistas de que pueden actuar impunemente al margen de la ley”, argumentan. Sobre los efectos de la ley, el Ayuntamiento asegura que el precio medio de los nuevos contratos se ha reducido un 8,9% desde que entró en vigor. 

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