El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado la proposición presentada por Barcelona en Comú (BComú) para activar los procedimientos necesarios para cobrar las multas por un valor de 3 millones de euros a los infractores de la reserva del 30% de vivienda protegida, que afloraron con la inspección del año 2022. Así, los infractores de la medida del 30% podrán llegar a pagar multas de hasta 900.000 euros. Cabe recordar que la reserva, vigente desde septiembre del 2018, exige destinar el 30% de las nuevas construcciones y de las grandes rehabilitaciones de más de 600 metros cuadrados a vivienda a precio asequible. La iniciativa ha salido adelante con los votos favorables del PSC y ERC, la abstención de Junts y el voto en contra del PP y Vox.
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La portavoz de BComú, Janet Sanz, ha lamentado que, hasta ahora, las sanciones aplicadas eran de apenas 500 euros, al tramitarse por la vía de la legalidad urbanística en lugar de hacerlo mediante la Ley del Derecho a la Vivienda del 2007. Sanz ha criticado que la situación ha permitido que especuladores y rentistas (a los que ha tachado de “gentuza”) encontraran vías para eludir el cumplimiento de la normativa.
Asimismo, la concejala ha admitido que la aplicación del 30% no ha producido “los resultados esperados” —en siete años solo se han generado 31 nuevas viviendas protegidas— y ha señalado que su implementación “demasiada tardía respecto a otras ciudades europeas” (como Londres o París, que llevaban una década aplicando medidas similares) hizo perder “unas 500 viviendas”. No obstante, Sanz ha sostenido que la regulación contribuye hoy a proteger a más de 60.000 familias frente a la especulación inmobiliaria.
El PSC y ERC han respaldado la propuesta apelando a la necesidad de garantizar el “cumplimiento de la legalidad vigente”. La teniente de alcaldía Laia Bonet ha asegurado que es “una proposición obvia, pues se trata de hacer cumplir la legalidad vigente” y ha expresado la voluntad del consistorio de actuar “con la máxima contundencia contra la picaresca o el ánimo de saltarse las normas”, si bien el PSC considera necesarias otras medidas complementarias “para mejorar la eficacia del 30%”.
Los grupos de la oposición han expresado su rechazo; el concejal de Junts Damià Calvet ha anunciado la abstención de su grupo por el planteamiento de realizar “inspecciones prospectivas”; por su parte, el PP ha calificado la medida de “cuento de hadas urbanístico” y ha cuestionado la capacidad del gobierno municipal para aplicar las sanciones con eficacia.