Una modificación del plan general metropolitano aprobada en diciembre del 2018 ya lo permitía, pero con ciertas limitaciones. Ahora, disponer de una ordenanza municipal propia que regule la compra de viviendas por parte del Ayuntamiento a través del tanteo y retracto permitirá dotar a la medida de más garantía jurídica, además de añadir extras hasta ahora inéditos, como traspasar este derecho a vecinos o entidades. La comisión de Urbanismo ha resuelto este martes las alegaciones presentadas a la medida, y se espera que en el pleno de la semana que viene se pueda dar el plácet definitiva al nuevo reglamento.
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La iniciativa ya dispone de los votos favorables de PSC y Esquerra (15 votos) y la abstención de Junts (11 votos). BComú desvelará su voto en el pleno y PP y Vox han votado en contra. Lucía Martín, concejal del grupo municipal de los comunes, ha afeado al gobierno del PSC que haya tardado tanto en dar salida a una ordenanza que ya estaba sobre la mesa en el 2023. Ha asegurado que el presupuesto en adquisición de vivienda ha caído un 80% desde que Jaume Collboni lidera el consistorio: “Han renunciado a todo el potencial de esta medida para evitar que muchas fincas se convirtieran en alquileres de temporada o colivings”.
El reproche
BComú afea al PSC que haya tardado tanto en impulsar la normativa y acusa al gobierno de gastar un 80% menos que Colau en políticas de vivienda
La propuesta ya pasó el corte inicial de la comisión el pasado mes de marzo. El Ayuntamiento se centra en fincas con más de 10 viviendas o que dispongan de pisos vacíos que puedan incrementar la bolsa pública de pisos. También se valoran los edificios que alberguen a vecinos con contratos con prórroga forzosa o personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad. También cuenta el hecho de encontrarse en barrios con mayor peligro de gentrificación.
En cuanto a la cesión de la adquisición, la ordenanza establece la posibilidad de traspasar el derecho a terceras personas o entidades promotoras de vivienda de iniciativa pública, así como a las ocupantes legales del inmueble o entidades promotoras privadas o sin ánimo de lucro que tengan por objeto la promoción de viviendas con protección oficial. Hasta la fecha, desde la aprobación de la modificación del PGM, el Consistorio ha adquirido cerca de 300 viviendas.