Es de esas cosas que la ciudadanía no termina de entender: ¿Cómo puede ser que muchas fachadas de Barcelona (y de muchas otras ciudades y pueblos) estén llenas de una maraña de cables de fibra óptica? Es una suma de varios factores. Primero, el despliegue de la red, rápido e imparable; segundo, las competencias en materia de telecomunicaciones, sobre todo en manos estatales, y tercero, el interés general vinculado a este ámbito, que ampara a las empresas instaladoras a trufar los edificios de alambres negros para que la población esté conectada con el mundo. El asunto se ha abordado en la comisión de Urbanismo a propuesta de Junts. Se ha acordado modificar la ordenanza de paisaje urbano. Pero todo a su debido tiempo.
El Síndic de Barcelona, David Bondia, ya instó el pasado julio al Ayuntamiento a tomar cartas en el asunto, aunque la ley de Telecomunicaciones aprobada en el 2022 delega en las empresas instaladoras la responsabilidad de afear lo menos posible los edificios. Es decir, recomienda, pero no obliga. Damià Calvet (Junts) ha reclamado “criterios más estrictos para ordenar y reducir el impacto visual de estas instalaciones”. “El Ayuntamiento -ha proseguido- tiene competencias en cuanto al paisaje urbano”. Su propuesta ha cosechado el voto favorable de todos los grupos municipales, incluido el del PSC.
Cables sobre la piel de una finca del Poble-sec
Laia Bonet, teniente de alcalde de Urbanismo, ha puntualizado que la petición de modificar la ordenanza en seis meses que reclama Junts “no es un plazo realista”, aunque ha compartido el diagnóstico de la bancada neoconvergente de que algo hay que hacer ante este océano de cables, muchos de los cuales están en desuso y ahí se quedan sin que nadie los elimine. La concejal del PSC ha avanzado el deseo del gobierno de actualizar la normativa de paisaje urbano más allá del cableado. Ha citado, sin detalles, la rehabilitación de edificios. Mientras eso sucede (y no será medio año), el Consistorio publicará una guía de buenas prácticas para que las empresas instaladoras tengan a bien manchar lo menos posible las fachadas de los edificios. “Pero será un manual, no una normativa”, ha detallado Bonet.