Las Claves
- Salvador Illa buscó evitar violencia tras desalojo en Badalona, colaborando con figuras políticas y comunitarias.
- Se enfocaron dos focos de tensión: el asentamiento bajo la C-31 y el albergue Can Bofí.
- Se logró un acuerdo para reubicar a los residentes de Can Bofí y asistir a los del asentamiento.
- Más de 120 personas sin hogar fueron reubicadas en diversos centros de Cataluña.
La meta del president de la Generalitat, Salvador Illa, se manifestó desde el principio: impedir que los sucesos originados por el desalojo del antiguo instituto B9 en Badalona desembocaran en un brote de violencia en vísperas de Navidad en la ciudad, con la posibilidad de que se propagara a localidades cercanas. En los últimos días, varias figuras políticas y comunitarias han colaborado para que esta cuestión, de gran magnitud y aún no completamente solucionada, se agravara o alcanzara niveles alarmantes.
Al día siguiente del desalojo, Illa reunió a los consejeros de Presidencia, Albert Dalmau; Interior, Núria Parlon; Derechos Sociales, Mònica Martínez Bravo; el secretario general de este último departamento, Raúl Moreno, y la delegada del Gobierno en Barcelona, Pilar Díaz, con el fin de buscar salidas a una situación muy complicada que, con el transcurso de los días, iría marcando dos focos de tensión: el asentamiento bajo el puente de la C-31 y el albergue de Can Bofí. En este último, la presencia de un grupo de inmigrantes y la respuesta de los vecinos amenazaba con romper la precaria calma establecida tras el desalojo del B9. Durante la etapa inicial de la crisis, se produjo una llamada telefónica entre Illa y Albiol, en la que se establecieron las posturas opuestas de ambos.
El pacto entre el Govern y las organizaciones que asisten a quienes no tienen vivienda se alcanzó después de sortear obstáculos considerables.
En la noche del lunes anterior, se activó un operativo con el fin de persuadir a los residentes de Can Bofí –una docena escasa, no los 30 que se habían mencionado inicialmente– a dejar el refugio. A lo largo de la noche, la Generalitat sostuvo conversaciones con el colectivo Iridia y otras organizaciones. El conseller Dalmau participó en las negociaciones con estos grupos de apoyo, quienes contaban con la guía de dos juristas, mientras que los encargados de Drets Socials, de forma simultánea, se comunicaban con Creu Roja, Càritas y el arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, quien también se involucró en la búsqueda de alternativas. En al menos tres oportunidades, las autoridades estuvieron preparadas para reubicar a estas personas, siempre con la premisa de actuar con la mayor discreción posible para eludir situaciones de conflicto como la ocurrida, por ejemplo, durante el intento de ocupación de la parroquia de la Mare de Déu de Montserrat.
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No se alcanzó un consenso, y al amanecer del día siguiente, las negociaciones se reanudaron a través del secretario general de Drets Socials, Raúl Moreno. A pesar de ciertos progresos, la situación pareció complicarse nuevamente al mediodía de este martes. El Govern solicitó la intervención de la Síndica de Greuges, Esther Giménez–Salinas, y del director de Derechos Sociales de dicha institución, Jordi Sánchez, quienes se presentaron en Can Bofí. La persistencia de ambas partes, a excepción del gobierno local, finalmente dio frutos: alrededor de las dos de la tarde, mientras el president, sus consellers y sus cónyuges se preparaban para la comida navideña del Govern, recibieron la notificación del acuerdo. Los residentes del albergue, cerrado desde mayo de 2024, fueron transportados en un par de vehículos y reubicados en varios municipios que, respetando la discreción solicitada, no serán revelados. Simultáneamente, se reactivó el plan para asistir y, cuando aceptaron, trasladar a alojamientos provisionales a las personas que pernoctaban en el asentamiento improvisado bajo el puente.
En septiembre, Drets Socials inició acciones anticipándose a la posible crisis provocada por el desalojo previsto del B9. Trabajando conjuntamente con los servicios sociales del Ayuntamiento de Badalona, se inició la búsqueda de soluciones para los residentes del instituto y de otras edificaciones vacías en la ciudad, dando preferencia a los más necesitados. Recientemente, al establecerse el asentamiento bajo la C-31, se ofreció a todos estos individuos la posibilidad de utilizar alguno de los recursos disponibles. De los 180 últimos sin hogar, aproximadamente 120 han sido reubicados en distintos centros, ya sean dependientes de la conselleria, alquilados temporalmente o instalaciones de la Creu Roja. Estas reubicaciones se han realizado generalmente en grupos que no exceden las 25 personas, y en la mayoría de los casos, no superan las cinco o diez, siendo distribuidos por varios municipios de Cataluña.
