Las Claves
- La Audiencia de Barcelona condenó a Selic David Quispe a seis años de prisión por estafar y extorsionar a seis hombres.
- El acusado fingía identidades
Un fraude realizado a través de la red desde Perú contra personas que vivían en España ha resultado en una condena de seis años de prisión. La Audiencia de Barcelona ha sentenciado a Selic David Quispe por delitos reiterados de estafa y extorsión, tras determinar que este individuo peruano se encargó de chantajear a seis varones con los que entabló relación en portales de encuentros fingiendo ser una mujer y obteniendo ilícitamente más de 26.000 euros. “Tras ganarse la confianza de los interlocutores, el acusado les contactaba a través de WhatsApp y, con ánimo de obtener un ilícito beneficio patrimonial, hacía que los perjudicados llamasen a número de tarificación especial que el acusado previamente había contratado”, afirma el fallo emitido por la sección tercera.
El acusado engañó a seis individuos fingiendo una personalidad femenina en portales de citas para después someterlos a extorsiones.
La situación de Selic David Quispe constituiría un fraude ordinario si no fuera porque el hostigamiento al que expuso a un afectado terminó en una fatalidad. El 29 de octubre del 2021, el joven A. R., de 29 años, a causa de la persistencia del procesado, decidió lanzarse a los raíles ferroviarios a 200 metros de la terminal de Sant Feliu de Llobregat, ciudad donde desempeñaba su empleo. El dictamen ratifica que la conducta del imputado fue el factor determinante de este penoso final. “La sala llega a la convicción por la prueba practicada que la intimidación como un mal inmediato infligida por el acusado que llegó a padecer A.R. Resultó ser tan obsesiva y repetitiva que no encontró otra salida que en primer lugar entregar grandes cantidades de dinero, y en segundo lugar, quitarse la vida para dejar de padecer la amenaza de dicho mal”.
Un varón de 29 años se lanzó a los raíles en Sant Feliu debido al hostigamiento perpetrado por el procesado.
La sala valora, adicionalmente, que el procesado persistió en el envío de comunicaciones hostiles a la víctima incluso después de que esta le manifestara su voluntad de acabar con su existencia. “Pese a tener conciencia el acusado del temor que sentía la víctima, no dejó de persistir en su comportamiento”. El condenado está obligado a resarcir a la madre del fallecido, asistida legalmente por el letrado Eloi Castellarnau, mediante el pago de 20.000 euros.
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Los Mossos iniciaron una indagación tras el deceso por suicidio de A.R que permitió localizar la residencia del procesado, en Lima. Los allegados de la víctima señalaron que este nunca manifestó tendencias suicidas y sospechaban que pudo ser objeto de un chantaje. En el último tiempo había sacado todo su salario y mostraba gran desesperación. Al profundizar en el caso, los agentes hallaron el engaño y dieron con cinco perjudicados adicionales: hombres que fueron embaucados por una supuesta mujer llamada Daniela, Josselin o Brenda a la que conocieron en plataformas como Tinder, Badoo o Meet Me. Dicha figura, creada virtualmente por el acusado, les garantizaba una cita sexual y les requería el teléfono para proseguir la comunicación por WhatsApp.
Las indagaciones demostraron que los accesos a la red se localizaban en Perú y las transacciones financieras figuraban inscritas bajo la identidad del imputado.
Previo a la cita íntima, ella les comunicaba que se encontraba bajo el control de una organización de proxenetas, asegurando que bastaba con marcar un número 803 para obtener su libertad. Los varones cayeron en el engaño y telefonearon a dichas líneas de pago especial, aunque no lograban conversar con persona alguna; mientras tanto, la presunta víctima les aseguraba mediante WhatsApp que pronto alcanzaría su autonomía para reunirse con ellos. Posteriormente, nuevos perfiles inventados por el procesado fingían ser empleados de la empresa de telefonía para advertir sobre el alto precio de la comunicación, indicando que para mitigar el gasto era necesario contactar con otros terminales y efectuar diversos pagos mediante el sistema MoneyGram. La intimidación por posibles cargos económicos adicionales era persistente y se extendía a lo largo de diversas jornadas.
El procesado obtuvo de la víctima inicial cerca de 4.000 euros. El segundo individuo engañado efectuó 23 comunicaciones al teléfono de coste adicional por una suma de 1.004 euros. El tercer afectado, “ante el temor de las consecuencias”, llevó a cabo diversos envíos de dinero por una cuantía global de 15.134 euros. El cuarto abonó 2.600 euros; el quinto, 467 euros, y A.R, 2.416 euros. La corte estima que existen abundantes evidencias frente al imputado. Los servicios de tarificación especial fueron suscritos por el implicado, la aplicación WhatsApp se vinculó desde Perú y los depósitos bancarios donde se recibían los fondos figuraban bajo su titularidad.
