Las Claves
- La Generalitat finaliza la operación de emergencia tras el desalojo de 400 inmigrantes del inmueble B9 en Badalona.
- Más de cien inmigrantes rechazan la reubicación, permaneciendo en el asentamiento bajo el viaducto C-31.
- Organizaciones sociales critican la improvisación del plan de la Generalitat y la ausencia del ayuntamiento.
- Se interpone una querella penal contra el alcalde de Badalona por supuestas acciones ilegales relacionadas con el desalojo.
El Departamento de Derechos Sociales de la Generalitat declaró este miércoles finalizada la operación de emergencia que se había puesto en marcha tras la expulsión de alrededor de 400 inmigrantes del inmueble ocupado B9, situado en el barrio de Sant Roc de Badalona (Barcelonès Nord). Hoy se cumplía una semana desde la intervención policial que resultó en la dispersión de centenares de subsaharianos por diversos asentamientos y tentativas de ocupación en la urbe. El asentamiento de mayor tamaño, localizado bajo el viaducto de la autopista C-31, sigue en pie debido a que más de cien inmigrantes han rechazado la oferta de reubicación.
La consejería dirigida por Mònica Martínez Bravo afirmó que ha estado colaborando de forma discreta con los ocupantes del B9, que en su momento acogió a más de 400 individuos, incluso antes del desalojo. Desde esa fecha, aproximadamente 120 personas han sido reubicadas en otros sitios con opciones de vivienda. Tras un proceso de selección de 180 subsaharianos, los servicios sociales mancomunados encontraron una solución para 80 de ellos, y en la operación conjunta de los últimos días con la Cruz Roja y otras organizaciones sociales, se logró trasladar a unos 40 adicionales que se encontraban bajo el puente. Alrededor de treinta más se encuentran distribuidos en centros sociales de Badalona y en residencias privadas de forma provisional.
Seguiremos trabajando para que los inmigrantes se asienten en sus lugares de procedencia, en Badalona.
No todos los residentes del asentamiento estuvieron de acuerdo con las opciones presentadas. De acuerdo con los voluntarios de las organizaciones, “unos porqué tienen miedo a ser repatriados, otros porqué no quieren desprenderse de sus pocas pertenencias y los menos por su arraigo a Badalona”. No obstante, grupos como Badalona Acull no están de acuerdo con la determinación de la Generalitat y exigen que no dejen el campamento, donde todavía sobreviven aproximadamente cincuenta personas. Adicionalmente, son muy críticos con las organizaciones gubernamentales, de las cuales afirman que implementaron un plan “improvisado y apresurado”, según indica Carles Sagués, su representante. Opinan que la manera en que los trabajadores de servicios sociales se comunicaron con los inmigrantes hizo que muchos rechazaran las alternativas. También resaltan que alrededor de treinta inmigrantes han sido trasladados a otras provincias de Cataluña.
Por otro lado, la consejera de Derechos Sociales elogió el gran despliegue activado con premura en Badalona y expresó su gratitud por la colaboración entre organizaciones y el gobierno catalán, si bien lamentó que “en una crisis humanitaria tan dramática, el ayuntamiento estuviera ausente”. Martínez rememoró que el alcalde Albiol desestimó su solicitud de reabrir el refugio de Can Bofí Vell “porqué dijo que no estaba en condiciones”. La consejera afirmó que el dispositivo concluye pero que los inmigrantes no son dejados de lado, “haremos lo necesario para que arraiguen allí de donde son vecinos, de Badalona”.
Decenas de tiendas permanecen en el asentamiento
Respecto a la resistencia de los vecinos, la consellera admitió haber cedido a las quejas, preocupada por la seguridad e integridad de los inmigrantes, muchos de ellos en situación de vulnerabilidad, así como la del personal de la Cruz Roja encargado de la recepción en el centro parroquial de Sant Crist.
Aunque el alcalde expresó el miércoles durante la sesión plenaria su certeza de que la controversia surgida tras el desalojo del B9 había finalizado, el gobierno no hizo mención alguna a las acusaciones que motivan la intervención judicial de sus determinaciones. El Ministerio Público ha solicitado al Consistorio los procedimientos que siguió para asegurar una opción habitacional a quienes fueron expulsados por la fuerza, tal como dictaba el fallo judicial que originó el considerable despliegue policial para el desalojo.
Los asentados se alimentan de las donaciones voluntarias
Por otro lado, el eurodiputado de Comuns, Jaume Asens, comunicó este miércoles haber interpuesto una querella penal ante la Unidad de Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía, contra el alcalde de Badalona, al que imputa supuestas acciones ilegales relacionadas con el desalojo del B9. La denuncia contempla cuatro posibles ilícitos, entre los que sobresalen la negación del servicio público por motivos discriminatorios, delitos de odio, desobediencia a la autoridad judicial y prevaricación administrativa. El eurodiputado también aludió a la permisividad del ayuntamiento de Badalona frente a los incidentes de “bloqueo y presión vecinal” que imposibilitaron a los inmigrantes pernoctar temporalmente en las instalaciones dispuestas por las organizaciones sociales.
Sesión sin interrogantes, no obstante con objeciones
La Corporación Municipal de Badalona llevó a cabo la sesión plenaria final del año 2025 el miércoles. A pesar de ser una reunión extraordinaria sin espacio para ruegos y preguntas, los partidos de la oposición criticaron al alcalde, Xavier Garcia Albiol, por su manejo de la situación relacionada con el desalojo del B9. El edil socialista, Christian Carneado, imputó al alcalde haber provocado “una crisis sin precedentes” debido a su negligencia. ERC admitió la vergüenza infligida a los ciudadanos de Badalona por “la falta de humanidad demostrada”, mientras que los Comuns y Guanyem destacaron la judicialización de las determinaciones del PP. Albiol, por su parte, señaló que la problemática del B9 era una herencia del gobierno anterior y que ya se ha solucionado.
