El gobierno de la Generalitat ha empezado a negociar con el Estado varias medidas para incorporar con urgencia funcionarios municipales de habilitación nacional, tanto interventores, como secretarios y tesoreros para los ayuntamientos catalanes. Hasta el momento 640 municipios carecen de estos funcionarios en sus plantillas municipales, por lo que Generalitat ha asumido asumi la gestión para dotar 218 plazas vacantes a partir del mes de marzo.
El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, y el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, acordaron ayer medidas para paliar la falta de secretarios, interventores y tesoreros en los ayuntamientos. Inicialmente, el gobierno catalán participará directamente en la gestión de la próxima convocatoria pública de funcionarios con habilitación nacional. El curso selectivo, en lugar de realizarse en Madrid como hasta ahora, se llevará a cabo en la Escola d’Administració Pública, lo que permitirá dotar de forma definitiva las 218 plazas para los municipios catalanes antes de finalizar este año.
Sólo 573 municipios están cubiertos
Pese a ello seguirán faltando 1.351 puestos de habilitación nacional en 640 ayuntamientos, lo que supone un problema de gestión para el 66% de los municipios catalanes. Sólo 573 consistorios disponen de interventores, tesoreros y secretarios, mientras que el resto los cubren accidentalmente con titulados superiores, como economistas para ejercer de interventores y los técnicos de gestión (TAG) eventualmente de secretarios habilitados.
En la reunión mantenida en la sede del ministerio en Madrid, el ministro ha comunicado que el Estado formalizará el próximo mes de marzo una convocatoria pública de acceso con 1.000 plazas de habilitación nacional, una medida que pretende dar respuesta urgente a reducir la temporalidad de los trabajadores municipales que ocupan estas plazas de forma interina. De estas, 218 asumirá la gestión de los procesos selectivos la Generalitat, medidas que también podrán incorporar otras comunidades autónomas si lo solicitan previamente, como ya ha hecho el gobierno catalán.
La delegación de la Generalitat, presidida por el conseller Albert Dalmau .
El conseller de la Presidència celebró el acuerdo que “supone un primer paso importante, pero queremos que vaya más allá para garantizar de forma permanente una mejor cobertura de necesidades de los ayuntamientos y de sus alcaldes”. La Generalitat negocia poder asumir el traspaso de funciones de aprobación y asignación de ofertas públicas de las plazas de funcionarios con habilitación nacional, así como gestionar la selección, la formación, los nombramientos y las asignaciones de primer destino, así como la declaración de las situaciones administrativas de este personal.
En paralelo, la Generalitat también busca fórmulas para que las plazas de funcionarios municipales sean más atractivas para los estudiantes universitarios, a menudo desconocedores por falta de información de esta salida profesional. “El problema también son la falta de vocaciones” apuntaba Fran Bellver, ddirector general de la Administración Local del Departament de la Presidència.
Apoyo de las diputaciones
Por el momento, el gobierno catalán, hasta que no pueda materializar el traspaso de competencias en esta área, ha acordado con las diputaciones provinciales que tomen la iniciativa en la selección de personal, asumiendo el coste. Para los nuevos titulados es mucho más atractivo pertenecer al cuerpo de funcionarios de la Diputació o de la propia Generalitat, que de un pequeño ayuntamiento.
Solventar esta carencia de los municipios impone cierta urgencia, ya que se calcula que el 27% de los empleados de los gobiernos locales se habrá jubilado dentro de 10 años, lo que sumará 12.000 plazas vacantes.
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