Hay un malestar creciente en las poblaciones catalanas del litoral por la restricción de acceso a las playas que impone la Ley de Costas. Los alcaldes han recogido esa inquietud y la han trasladado al Gobierno central y catalán. El último conflicto se ha vivido en Cabrera de Mar, un municipio que tiene su casco urbano cinco kilómetros tierra adentro, como tantos otros en esa zona.
Esto es así desde hace siglos porque las casas se erigían alejadas del mar para protegerse del ataque de los piratas que saqueaban y secuestraban a los vecinos para convertirlos en esclavos. Esos lugareños se trasladaban en carro hasta la playa donde tenían las barcas de pesca sobre la arena para salir a faenar.
Si alguno de esos antiguos vecinos viajara en el tiempo y se trasladara a nuestra época, comprobaría que no podría desplazarse en el carro hasta su playa porque han prohibido dejar el vehículo al lado del arenal. Hoy ya no hay carros, pero también se han vetado los vehículos de las familias que bajaban a la playa con la colchoneta, la sombrilla, los cacharritos para jugar en la arena, la nevera y la silla, entre otros enseres.
También se ha eliminado el aparcamiento junto a la estación, donde los vecinos dejaban su coche para coger el tren. Así que muchos han decidido abandonar el transporte público y han retomado el uso de sus coches particulares para ir a Barcelona, justo lo contrario de lo que las autoridades intentan promover.
Aparcamiento desmantelado entre la estación de tren y la playa de Cabrera de Mar
Estas restricciones de acceso a la playa se han trasladado a todos los municipios costeros en cumplimiento de la ley porque “la playa no es para pasear ni para aparcar”, según sentenció un responsable de Costas del Estado durante una reunión con el alcalde de Cabrera que protestaba por una medida que hurta a sus vecinos del uso de sus playas
En cambio, el artículo 31 de la Ley de Costas que regula los 10.000 km de litoral de España, no sustenta la afirmación del funcionario porque dice que “la utilización del dominio público marítimo-terrestre, del mar y su ribera será libre, pública y gratuita para usos como pasear, estar, bañarse, navegar, embarcar y desembarcar, varar, pescar o coger plantas”. Así que mientras el cambio climático nos permita tener playas, estas son para usarlas por los ciudadanos.
La aplicación de la Ley de Costas coarta el uso ciudadano del mayor parque público
El malestar es común entre los alcaldes que se preguntan por qué deben seguir pagando la vigilancia, la limpieza y los servicios de sus playas si sus ciudadanos no van a poder disfrutar del principal espacio público que tienen sus municipios. Incluso el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, trasladó esta idea hace unos meses a la entonces vicepresidenta de Transición Ecológica Teresa Ribera en una visita a la ciudad coincidiendo con la Copa del América.
Collboni insistió en pedir ayuda para proteger las playas de la capital catalana afectadas por los temporales ante las reticencias de Ribera. El alcalde le dijo que la ciudad no se podía permitir prescindir del uso de su mayor parque público. Esa determinación se concretó la semana pasada con la aportación de 60.000 m3 de arena en las playas barcelonesas.
De momento, la respuesta del Gobierno a los alcaldes ha sido recordarles que si quieren ofrecer aparcamiento a sus vecinos, deben comprar terrenos fuera del dominio gubernamental. Los alcaldes están indignados, piden comprensión y ya estudian medidas políticas de autodefensa porque las leyes terrenales no son inamovibles como las tablas que Dios entregó a Moisés.
Las normas se pueden y se deben adaptar a las necesidades de la gente o para impedir que les compliquen la vida. De lo contrario, el conflicto está servido. Los alcaldes saben que, tarde o temprano, los vecinos plantarán la pancarta de protesta frente a los ayuntamientos, a pesar de que los responsables de estas decisiones están a 600 kilómetros, en un lugar donde, como dice la canción, no hay playa.
