El vecino de Girona Jordi Riera necesitó varios días para digerir la injusticia que había vivido ante sus narices y salir del estado de shock en el que quedó después de que la policía le recomendara abandonar la casa que había comprado en 2019 y que estaba a punto de reformar porqué había “indicios” de que aquella vivienda era la residencia de unos ocupas. Los indicios no eran otros que un vídeo casero grabado el 23 de diciembre en el que los tres intrusos estaban cocinando en esta casa.
Al principio Jordi no quería dar su brazo a torcer, pero ante las advertencias de los agentes municipales de que si se resistía podría incurrir en un delito de violación de (su propio) domicilio y que podría acabar detenido, no le quedó otra que emprender el camino judicial.
Los tres ocupantes son tres hombres de entre 35 y 40 años de nacionalidad marroquí
Presentó una denuncia en el juzgado de guardia que, en el mejor de los casos, se resolverá “en unas semanas” si el juez concede medidas cautelares. “Ya nos han advertido que no tengamos mucha fe ni esperanza, el promedio en España para resolver este tipo de situaciones son entre 18 y 24 meses”, explica Riera, en declaraciones telefónicas a este periódico desde su trabajo en Sant Cugat del Vallès.
Todo era demasiado fuerte y “surrealista” como para publicar de inmediato en las redes sociales lo que le había sucedido. La pesadilla empezó el pasado 2 de enero, cuando unos vecinos le avisaron de que oían ruidos en su vivienda. No fue hasta el 6 de enero, mucho más sereno, cuando se vio con fuerzas y publicó un hilo en la red social X que se ha ido viralizando hasta alcanzar las 860.000 visualizaciones.
El afectado ha presentado una denuncia en los juzgados, pero no tiene mucha fe en que la situación se resuelva pronto
Una publicación de lo que considera una “injusticia” y que replantea el debate de la necesidad de hacer cambios legales para proteger a los pequeños propietarios. “Esto debe terminarse ya, hay que hacer cambios legales y judiciales para dejar de ser la excepción de Europa”, esgrime Jordi, licenciado en Economía y Biotecnología.
Riera explica que estaban en trámites de reformar esta casita de planta baja, situada en la calle Sant Hipòlit, una vía perpendicular de la calle Rutlla y avenida Pericot, poco transitada y muy tranquila. Una zona en la que conviven varias casas, alguna también ocupada, garajes y algún bloque de pisos.
Un cámara de televisión grabando la casa ocupada en Girona.
Riera hacía 18 meses que había solicitado el permiso de obras al Ayuntamiento, que no fue aprobado hasta las puertas de esta Navidad, el pasado 13 de diciembre. “Lo que debería haber tardado un par de meses, se alargó mucho; cuando preguntábamos había silencio administrativo”.
Su idea era empezar las obras tras las fiestas navideñas, pero el pasado 2 de enero recibió la llamada de una vecina que le alertaba que la puerta había sido forzada. Mientras no procedía a las obras habían colocado una tapia por la parte interior de la vivienda, para que nadie sospechara que aquel inmueble estaba vacío.
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En declaraciones a este periódico, Riera explica que al llegar a su casa vio “un colchón en el suelo, mantas, algunas basuras, algún excremento y que habían derribado unas paredes”, explica. Una ocupación en toda regla. Desde el interior del inmueble llamó a su padre para que le ayudara. “En aquel momento tuve un poco de miedo”.
Mientras estaban en el interior de la casa, llamaron a un albañil para que rehiciera la tapia que le habían derruido los tres ocupas. Pero antes de que llegara, apareció uno de los tres. “Dijo que quería entrar, que aquello era su casa”, explica Jordi. Al no dejarle acceder, poco después llegó acompañado por otros dos.
Hay que hacer los cambios legales y judiciales necesarios para que dejemos de ser la excepción de Europa
“Los ocupas buen aspecto, iban bien vestidos y buena higiene y usaban teléfonos de alta gama”, recalca Riera. Se encararon al propietario y le dijeron, en tono amenazante –según relata el propio afectado- que iban a entrar y que sino lo iban a lamentar. Tenían entre 35 y 40 años y pasaporte marroquí. Dos no tenían NIE y uno sí. Además uno de ellos tenía una causa pendiente, que le fue notificada en aquel momento.
Nervioso, llamó a la Policía Municipal de Girona, que no tardó ni diez minutos en llegar al lugar. Los agentes les registraron y fue entonces, cuando explicaron a los propietarios de que aquellos tres ocupas tenían una prueba de que residían allí. El vídeo del que hablábamos al principio de esta crónica. Fue así como entraron en una casa que no era la suya. “Tras cerrar la puerta empezaron a aplaudir, la humillación fue máxima”, recuerda Riera.
La Policía les ofreció un albergue y el afectado se ofreció a pagarles un hotel, ofrecimientos que los ocupas rechazan
El afectado explica que la policía les ofreció un albergue a cambio de dejar el inmueble. Ofrecimiento que declinaron. Tampoco aceptaron el dinero que les ofreció Riera para que abandonaran la casa y se fueran a dormir a un hotel. “Queremos la casa, queremos dormir en la casa”, recibió como respuesta.
La historia de Jordi no es única en España, ni mucho menos, pero al hacerla pública ha despertado una oleada de reacciones a favor de otros muchos ciudadanos, que como él, se sienten indefensos ante este tipo de situaciones.
El Ayuntamiento de Girona pide cambios legislativos
El Ayuntamiento de Girona también se ha pronunciado y hace unos días el alcalde Lluc Salellas (Guanyem) y la vicealcaldesa, Gemma Geis (Junts) reclamaban cambios legislativos para proteger a los pequeños propietarios y acabar con “la indefensión” que sienten ante estas situaciones. Salellas defendió el papel de la Policía Municipal de Girona que actuó “según marca el protocolo”. Por su parte, Geis reclamó “más herramientas para los jueces y la policía”.