Un juzgado impide el derribo de una zona de la biblioteca de la Bisbal de Empordà

El juzgado contencioso administrativo 2 de Girona ha dictaminado que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de 2013 que obligaba al derribo de la parte nueva de la biblioteca de la Bisbal de Empordà no es ejecutable y, por tanto, detiene el derribo. 

En una resolución publicada el 26 de febrero, el juez señala que ahora habrá que fijar una indemnización por un vecino que denunció la construcción del equipamiento y al que el TSJC dio la razón. Ahora, sin embargo, el juzgado ha tenido en cuenta la demanda del consistorio que alega que es imposible aplicar la sentencia por de la modificación del Plan de Ordenación Urbanístico Municipal (POUM) de 2015 y la aprobación posterior del Plan Especial Urbanístico del paseo Muriel Casals de 2016.

Esto, en la práctica, significa que las modificaciones que ha salido adelante el Ayuntamiento han legalizado el equipamiento que lleva vacío desde su construcción y que debe servir de complemento al actual espacio anexo en el que se ubica la otra parte de la biblioteca. 

De hecho, el consistorio ya recibió la aprobación por parte de varias instancias judiciales que avalaban que las modificaciones realizadas posteriormente a la sentencia de 2013 legalizaban las obras realizadas. Ahora, sin embargo, la resolución judicial confirma que la sentencia de hace doce años no es aplicable, tal y como pedía el Ayuntamiento de La Bisbal.

Además, el vecino afectado no se opuso a la decisión del juez, que no es firme, pero reclamó una indemnización por los daños morales sufridos y los costes legales de los años de litigios con el Ayuntamiento. De hecho, la resolución del juez pide que se abra un incidente para determinar qué cantidad debe pagarse al vecino.

Desde el Ayuntamiento celebran la decisión puesto que pone fin a un conflicto judicial que lleva abierto desde 2010 y que en los últimos doce años ha tenido inutilizado un equipamiento que está construido.

El alcalde de La Bisbal, Òscar Aparicio, ha celebrado la resolución judicial y explica que ya han empezado a pedir presupuesto para adecuar el espacio para que ejerza la función prevista de biblioteca. Aparicio ha remarcado que ya preveían que la sentencia les fuera favorables y que ante la negativa de recurrir por parte del vecino afectado ya han empezado a dar los pasos necesarios para que cumpla la normativa vigente.

“Han pasado 15 años que el espacio ha estado a la vista de todos, pero que no ha podido utilizarse, ahora por fin podrá hacer su función”, ha remarcado el alcalde que ya ha informado a la consejera de Cultura del Gobierno, Sònia Hernández, y han contactado con el director general de bibliotecas, Xavier Fina. El objetivo del encuentro es aver cuáles son los requisitos necesarios para adaptarse a la normativa, pero también buscar financiación o “algún tipo de ayuda económica”.