Cincuenta bomberos voluntarios de trece estaciones de la provincia de Girona han interpuesto hoy una acción legal en los tribunales de Girona y Figueres contra la Generalitat. Exigen el reconocimiento de una relación de trabajo, que se les considere empleados fijos e indefinidos, y la concesión de ciertos beneficios como licencias, aportaciones a la Seguridad Social y una remuneración equivalente a la del personal funcionario que realiza idénticas tareas.
En sus reclamaciones, sostienen que la Generalitat está incurriendo en “un fraude de ley” al tolerar lo que estiman “una relación laboral encubierta”. Afirman que el gobierno de Cataluña exige a los bomberos voluntarios responsabilidades tales como la observancia de horarios mínimos obligatorios, someterse a un proceso de selección similar a una oposición, recibir capacitación profesional y ser supervisados a través de aplicaciones digitales.
El colectivo denuncia que el Govern ha consentido una “relación laboral encubierta constitutiva de fraude de ley”
En sus reclamaciones, señalan que la “naturaleza altruista del voluntariado ha sido desvirtuada” particularmente a partir de 2020, momento en que se estableció una cuota mínima de horas de servicio por año, que ronda actualmente las 650, y la supervisión de la disponibilidad a través de una aplicación móvil.
Asimismo, resaltan que los bomberos voluntarios forman parte de la estructura jerárquica y organizativa de la Dirección General de Prevención y Extinción de Incendios, que acatan instrucciones directas y que ofrecen sus servicios con recursos (vehículos, vestimenta, equipamiento, estaciones) enteramente suministrados por la administración.
Reconocen la jerarquía y que la administración provee los recursos del servicio.
Por el contrario, señalan en sus peticiones, no se les otorgan derechos laborales esenciales, tales como una remuneración equivalente a la de los bomberos con estatus de funcionario, aportaciones a la Seguridad Social, o salvaguardas en lo referente a la prevención de riesgos en el trabajo.
Por estas razones, creen que la administración ha “uberizado” el servicio público al establecer el “bombero rider conectado a una app, a quien se le exige disponibilidad y profesionalidad pero se le niegan los derechos laborales más básicos”.
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El colectivo, que afirma correr los mismos peligros que los bomberos remunerados, considera que esta circunstancia les provoca una “grave desprotección” y constituye un “incumplimiento flagrante de la normativa estatal y autonómica” que rige la condición de voluntario.
El bombero voluntario y jefe del parque de Sant Climent Sescebes (Alt Empordà), Miquel Brunet, ha explicado hoy a las puertas del juzgado que “estamos sometidos cada día a situaciones de riesgo y al mismo tiempo estamos desprotegidos en caso de accidentes como el que sufrimos este verano; no tenemos prevención de riesgos laborales ni derecho a enfermedades profesionales”, indicó.
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Josep Maria Alcalà, president of Asbovoca, a sector association, and a member of the Bombers Precaris en Lluita collective, states that the Generalitat is committing “fraude de ley a la Seguridad Social porque no nos cotizan, se desentienden de nosotros y nos derivan a nuestras propias mutuas o empresas, a quienes se encargan nuestras bajas o incapacidades”.
Por todo ello, reclaman a la Generalitat que reconozca la existencia de una relación laboral común, con la condición de ser personal laboral indefinido fijo. También que se reconozca una antigüedad desde el 12 de febrero de 2020, la fecha de imposición de la jornada mínima obligatoria y que se conden a la Generalitat a cursar el alta de los afectados en el Régimen General de la Seguridad Social con efectos del inicio de la relación laboral común. También reclaman que se abonen las diferencias salariales adeudadas durante el último año.
Se ha convocado una manifestación en Barcelona para el próximo 19 de diciembre.
La próxima semana, el día 19, se presentarán las reclamaciones de los bomberos de la provincia de Barcelona, y se anticipa una protesta. Hace algunas semanas, ya se habían presentado en Lleida y Tarragona. Se calcula que un total de 400 bomberos voluntarios serán los demandantes.