AC obtiene respaldos para sacar a concurso la renovación de la nave del Pla de Ripoll y así no perder una subvención de 2,7 millones.
Ayuntamiento
El pleno aprueba la evaluación de puestos de trabajo que beneficiará a un 80% de los empleados.
Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Ripoll.
Aliança Catalana (AC) ha obtenido el respaldo necesario para iniciar el proceso de licitación de la renovación del edificio del Pla de Ripoll, una estructura en condiciones precarias, asegurando así la continuidad de una subvención europea de 2,7 millones de euros.
La alcaldesa, Sílvia Orriols, quiere llevar la residencia de ancianos porque el edificio actual, de siete plantas, tiene “muchas deficiencias”.
Por aproximadamente dos horas, las facciones de la oposición le criticaron la falta de tiempo para finalizar la obra en los plazos establecidos y manifestaron su oposición al modelo de administración. Finalmente, la propuesta avanzó con 9 votos positivos (6 de AC, 1 de Som-hi Ripoll y 2 ediles de Junts) y 2 abstenciones (PSC Ripoll y el otro edil de Junts). ERC y CUP, con 3 y 2 concejales respectivamente, votaron en contra. El proyecto recibió su aprobación inicial en septiembre.
Desde Junts, se ha solicitado la formación de un comité para supervisar y monitorear las acciones futuras.
El concejal Joaquim Colomer de Som-hi Ripoll, quien también ha brindado su respaldo, ha instado a la “suma de unos y otros para aportar y mejorar proyectos”, si bien reconoció que estima en un 1% la posibilidad de que los trabajos logren avanzar según el cronograma establecido de cuatro meses.
El pacto alcanzado este lunes ha posibilitado la licitación de la mejora energética del inmueble en una etapa inicial. El documento también abarca las labores de la segunda fase, como la elaboración del plan para adaptar las dependencias y transformarlas en una residencia y centro de atención diurna, además de la administración del servicio y la conservación de los equipos, entre otros puntos. La intención, tal como explicó la primera edil, es que una compañía privada administre el servicio por un periodo de 40 años. Este planteamiento no ha sido bien recibido por las formaciones opositoras, quienes solicitaron un plazo mayor para explorar alternativas.