AC consigue apoyos para licitarla reforma de la nave del Pla de Ripoll y no perder una ayuda de 2,7 millones

Ayuntamiento

El pleno da luz verde a la valoración de puestos de trabajo que mejorará las condiciones del 80% de la plantilla

Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Ripoll.

Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Ripoll.

Cedida a ACN por el Ayuntamiento de Ripoll.

Aliança Catalana (AC) ha conseguido el apoyo para sacar a licitación la reforma de la nave del Pla de Ripoll, un edificio en estado ruinos, y no perder una ayuda europea de 2,7 millones de euros. 

La alcaldesa, Sílvia Orriols, quiere llevar la residencia de ancianos porque el edificio actual, de siete plantas, tiene “muchas deficiencias”. 

Durante cerca de dos horas los grupos de la oposición le reprocharon que no había tiempo de cumplir los plazos de la obra y le expresaron el desacuerdo con el modelo de gestión. Finalmente, ha salido adelante con 9 votos a favor (6 de AC, 1 de Som-hi Ripoll y 2 concejales de Junts) y 2 abstenciones (PSC Ripoll y el otro concejal de Junts). ERC y CUP, con 3 y 2 concejales, han votado que no. En septiembre se aprobó inicialmente el proyecto.

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Desde Junts, le han pedido la creación de una comisión para que vele y siga de cerca los pasos que deben darse a partir de ahora. 

El otro concejal que ha apoyado, Joaquim Colomer de Som-hi Ripoll, ha hecho un llamamiento a la “suma de unos y otros para aportar y mejorar proyectos”, aunque ha admitido que cree que hay un 1% de probabilidades de que las obras puedan acabar sacando adelante dentro de los plazos previstos de cuatro meses.

El acuerdo de este lunes ha permitido sacar a puja la rehabilitación energética del edificio en una primera fase. El texto también incluye los trabajos de la segunda fase como la redacción del proyecto de adecuación de las instalaciones para convertir el edificio en una residencia y centro de día, así como la gestión del servicio y el mantenimiento de las instalaciones, entre otros aspectos. La idea, según detalló la alcaldesa, es que la concesión del servicio esté en manos de una empresa privada durante 40 años. Un modelo que no ha gustado a los grupos de la oposición que le pedían más tiempo para buscar otras fórmulas.

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