Uno de los problemas recurrentes de los municipios rurales a la hora de sumar nuevos habitantes es la carencia de vivienda disponible. No porque no haya casas, sino porque las que hay están cerradas y con el paso del tiempo han quedado envejecidas y presentan deficiencias. Para intentar revertir esta situación y ayudar a las administraciones locales a impulsar la movilización de estas viviendas, este martes se ha presentado en Tàrrega (Lleida) la 'Guía de viviendas vacías en los municipios rurales y de montaña'.
El documento establece criterios para la elaboración de censos de casas cerradas y propone actuaciones para movilizarlas.
En Catalunya existen 587 municipios de menos de 2.000 habitantes que, según los datos actuales, suman más de 16.000 viviendas vacías.
Esta casa de El Palau d'Anglesola será reformada con un proyecto de masovería.
La guía ha sido elaborada en el marco de la Mesa Territorial de Vivienda Rural y financiada a través del proyecto Cal Rural de la Asociación de Iniciativas Rurales y Marítimas de Cataluña (ARCA) y la Asociación para el Desarrollo Rural de la Catalunya Central.
El objetivo de la guía es dar herramientas a los municipios para que puedan llevar a cabo políticas de vivienda encaminadas a movilizar al parque de inmuebles desocupados.
“Se quiere que la gente que quiera venir a vivir al mundo rural y la gente que ya vive allí y quiera emanciparse puedan hacerlo con unas buenas condiciones”, ha explicado el coordinador de ARCA, Eduard Trepat.
Proyecto de masovería en El Palau de Anglesola
Una casa que reabrirá pronto sus puertas de la mano de un proyecto de masovería urbana es Cal Celestino Vell, en el Palau d'Anglesola (Pla d'Urgell). La asociación Repoblem impulsa la rehabilitación del inmueble y dentro de tres meses ya entrará a vivir la nueva familia, una pareja joven de Vic con su bebé. Los futuros masoveros también se encargarán de gestionar un horno de pan ubicado en los bajos de la casa.
Este inmueble es una de las 168 viviendas vacías que el municipio tiene contabilizadas. En los últimos años, el número de casas desocupadas no ha parado de crecer y, paradójicamente, la demanda de vivienda tampoco. Hay un desequilibrio, la gente quiere venir aquí a vivir y hay casas pero no tienen la puerta abierta“, ha explicado el alcalde de El Palau de Anglesola, Francesc Balcells, que achaca el alto número de casas cerradas a la ”desconfianza“ de los propietarios ya que estos tampoco tienen la ”necesidad de abrirlo".
Ayudas y bonificaciones
Así, la guía propone siete actuaciones agrupadas en dos tipologías: las que incentivan la movilización de la vivienda y las que penalizan a las casas cerradas.
Algunas de las del primer tipo incluyen actuaciones de acompañamiento, como pueden ser ayudas para rehabilitar los edificios y bonificaciones fiscales, o captación de vivienda privada con programas de masovería y la compra de vivienda por parte del ente municipal. Entre las actuaciones que penalizan, se propone aplicar recargos sobre el IBI o reforzar las inspecciones, entre otras.
La guía también quiere facilitar criterios para que los ayuntamientos puedan realizar un censo de viviendas desocupadas.
Las 16.683 viviendas vacías recogidas en el documento, a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2021, no incluyen a los municipios de menos de 500 habitantes, ya que el INE no ofrece estos datos.
Viviendas de alquiler social en un antiguo cuartel
El Ayuntamiento de Ciutadilla, en el Urgell, ha rehabilitado el antiguo cuartel de la Guardia Civil para ofrecer vivienda de alquiler social. Ya hay un bloque terminado con cuatro pisos de 50 m2 listos para entrar a vivir y se están haciendo obras en el segundo bloque. El alcalde del municipio, Òscar Martínez, ha explicado que prevén entregar las llaves a los nuevos inquilinos en verano y que priorizarán familias con hijos en edad escolar para “ayudar a la forestación y mantener la escuela viva”.
Lee tambiénUnas 22.000 personas salen a la calle en Barcelona para exigir bajar el precio del alquiler
La oferta de vivienda de alquiler en Ciutadilla es inexistente y el proyecto quiere ayudar a fijar a nuevas familias en este municipio de unos 200 habitantes. Sin embargo, Martínez lamenta las trabas burocráticas que se han encontrado y que han hecho retrasar el proyecto, iniciado en 2018, por la disparidad de criterios dentro de la propia administración.