Fruita amb Justícia Social atendió en 2024 a un total de 107 temporeros por casos de vulneraciones de derechos, de los cuales siete acabaron con una denuncia presentada.
La entidad denuncia la situación de “infradenuncias” en el sector por el “miedo” de los trabajadores, en su mayoría personas inmigradas en situación de vulnerabilidad, de quedarse sin trabajo.
La entidad ha presentado en Lleida las conclusiones del informe anual de la campaña 2024 en Lleida. Entre las conclusiones, aparte de las críticas que año tras año repiten en cuanto a contratos precarios, alojamiento no garantizado y dificultades de empadronamiento, suman un aumento “preocupante” de falta de prevención de riesgos laborales y las dificultades para gestionar trámites administrativos.
Información a 2.300 personas temporeras
El punto de asesoramiento de la entidad ofreció información a 2.300 personas temporeras y acompañó a 107 en casos de vulneraciones de derechos. Siete casos terminaron en una denuncia formal presentada en Inspección de Trabajo o en las administraciones competentes, de los cuales cuatro se han resuelto favorablemente o con sanciones para las empresas, dos están pendientes de resolver y el último terminó en una mediación con el Ayuntamiento de Els Alamús para negar el derecho al padrón.
En cuanto a los cuatro casos en los que Inspección de Trabajo ha dado la razón a los trabajadores, existen tres casos de accidentes laborales y de irregularidades en la atención de la mutua y el caso que Fruita amb Justícia Social ya adelantó este lunes de una decena de temporeros que vivían en “condiciones infrahumanas” en un almacén de Torrelameu.
El informe presentado por la entidad destaca las dificultades que tienen las personas temporeras para gestionar trámites administrativos y denuncian que la atención que reciben éstas es a menudo “insuficiente, impregnada de prejuicios racistas, machistas y aporafóbicos” y que la resolución de sus casos depende de la voluntad del trabajador que las atiende.
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También han puesto de relieve la falta de prevención de riesgos laborales en los campos. Según ha explicado la miembro de la entidad, Bárbara Primo, los trabajadores no reciben ningún curso de prevención y tampoco tienen garantizada el agua, ya que el agricultor no se lo proporciona, así como tampoco les facilita ropa de trabajo para protegerse del sol. “Signan que han recibido EPI y no reciben ninguna. Es brutalmente habitual”, denuncia.
Estas dificultades administrativas y de falta de prevención de riesgos laborales se suma a otras denuncias que la entidad lleva denunciando desde hace años, como la precariedad laboral de los temporeros, el alojamiento no siempre garantizado, y las dificultades para empadronarse.
Sobre la precariedad, Primo y Lliber Rexach, miembro del colectivo, han afirmado que ninguna de las 2.300 personas que informaron el año pasado durante la campaña llegaba a cobrar el precio por hora que marcaba el convenio, de 8,09 euros, sino que siempre cobraban por debajo, entre los 7 euros y los 8 en los mejores de los casos. Este año el precio por hora ha subido a los 8,48 euros y la situación, afirman, se repite. No conocemos a nadie que nos haya dicho 8,45 o 9”. Nadie”, explica Primo.
En cuanto a la campaña actual, que se encuentra a la mitad, Rexach ha explicado que el ritmo de denuncias que están recibiendo se encuentra “dentro de la normalidad”, aunque prevén que aumentarán de cara a finales de campaña, ya que, de nuevo, los trabajadores temen que puedan quedarse sin trabajo”.