Barbate y Cádiz guardan un minuto de silencio esta mañana en memoria de los dos guardias civiles que perdieron la vida hace un año tras ser arrollados por una narcolancha en un operativo de la Benemérita en aguas gaditanas. Son los primeros actos organizados durante este fin de semana para rendir homenaje a los agentes Miguel Ángel González, de 39 años y oriundo de San Fernando, y a David Pérez, barcelonés de 43 años, y que finalizarán con una ofrenda de floral en el Puerto barbateño el próximo domingo, lugar donde ocurría la tragedia el pasado 9 de febrero de 2023.
Ha sido a las puertas del consistorio de Barbate donde ha tenido la primera concentración al filo de las 09:00 horas y a la que han asistido tanto el alcalde de la localidad, Miguel Molina, como los miembros de la corporación municipal, compañeros de las víctimas y ciudadanos de a pie que han querido participar.
Será un poco más tarde, a las 12:30 horas de este viernes, cuando se celebre otro homenaje frente a la Comandancia de la Guardia Civil en Cádiz, un acto organizado por la plataforma Nuestro Corazón por Bandera, integrada por familiares de guardias civiles. Ya el domingo, sobre las 11:30 horas y bajo el lema ‘Sin miedos, sin apoyos… ¡Nunca más!’, se reunirán en el Puerto de Barbate, lugar donde ocurría la tragedia, para realizar una ofrenda florar en recuerdo de los agentes fallecidos.
“Que se pongan las pilas”
El alcalde de Barbate pide más medios
El primer edil de Barbate, que ha insistido en que el “sacrificio” de los agentes fallecidos "no debe ser olvidado y nos obligan a seguir exigiendo justicia y reconocimiento para aquellos que cada día ponen su vida en riesgo para protegernos”, insiste: “es imperativo que las administraciones e instituciones doten a nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de los medios necesarios para combatir con eficacia y seguridad las redes criminales que amenazan nuestra convivencia”.
“No podemos tolerar que quienes nos protegen carezcan de los recursos adecuados para enfrentarse a amenazas cada vez más organizadas y violentas. La seguridad de nuestros agentes es la seguridad de todos los ciudadanos”, ha clamado.
En declaraciones a los medios, ha pedido al Gobierno que “se ponga las pilas” y se ha quejado de que el municipio esté haciendo un esfuerzo “incrementando los efectivos de la policía local y viendo como cada vez se van mermando los efectivos de la Guardia Civil en nuestra zona”.
Los compañeros de las víctimas no podrán ir uniformados a los homenajes
Las asociaciones de guardias civiles AEGC y AUGC lamentan que se les hayan prohibido usar el uniforme del cuerpo para rendir homenaje a los compañeros que perdieron la vida en un acto de servicio. Recordemos que los agentes acudieron en una zodiac a un operativo contra varias embarcaciones de gran envergadura que estaban refugiándose esa noche en el puerto de esa localidad cuando fueron arrollados por una de ellas.
La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) explicaba en un comunicado que ha tenido conocimiento “a través de un mensaje oficial interno desde el Puesto de Barbate” de que no se ha autorizado usar el uniforme para estos actos conmemorativos, mientras que la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), a través de otra nota, subraya su “malestar y tristeza” por esta decisión “del Ministerio del Interior y de la Dirección General de la Guardia Civil”, que toman, según indican, “agarrándose al clavo de la normativa” por la que se debe solicitar permiso para vestir el uniforme fuera de servicio.
Imagen de los agentes que fallecieron en Barbate.
“No entendemos porque sí se puede hacer uso del uniforme en actos que nada tienen que ver con la Guardia Civil; se ordena asistir de uniforme a los compañeros de servicio en diversos actos y, en cambio, para homenajear a los dos guardias civiles asesinados que dieron su vida en acto de servicio no”, indican. “¿Qué hay de indigno en poder asistir a estos homenajes con el uniforme o estando de servicio?”, se pregunta la AEGC.
Por su parte, la Asociación Unificada de la Guardia Civil ha considerado en su nota que “esta orden es una falta de respeto intolerable hacia quienes dieron su vida en acto de servicio”, afirma AUGC, que exige “explicaciones” de “quienes han tomado esta decisión”. “Esta medida solo alimenta el sentimiento de abandono que sufre la Guardia Civil y confirma, una vez más, que quienes dirigen la seguridad en este país están más preocupados por la imagen política que por honrar la memoria de quienes han caído”, aseveran.
Tras la difusión de esta información en medios de comunicación y redes, la Comandancia de Cádiz ha informado de que “no se tiene conocimiento alguno” de que se haya transmitido esta prohibición.
El juez exige un informe pericial exhaustivo para determinar la intencionalidad del piloto de la goma, de lo que dependerá los delitos que se le imputen
Por este suceso se practicaron hasta ocho detenciones, si bien estas personas quedaron en libertad según avanzaba la investigación, aunque seis de los que fueron arrestados siguen estando investigados por delitos de contrabando, pertenencia a organización criminal, resistencia y desobediencia, pero no de asesinar a los dos agentes. Fue en septiembre de 2024 cuando la Guardia Civil logró la detención de Karim E.B., el presunto piloto de la goma que causó la muerte de los guardias civiles, y poco después se detuvo a otras dos personas por su implicación en estos hechos. Los tres continúan en prisión a la espera de juicio, quedando aún un tercer tripulante por localizar.
Ahora, en una providencia fechada el 9 de enero, el titular del Juzgado de Instrucción 1 de Barbate ha solicitado un informe “detallado” de un perito “experto en materia de navegación marítima” que, “tras un examen minucioso y pormenarizado de cada uno de los archivos de vídeo obrantes en la causa”, determine la posibilidad o probabilidad de que la narcolancha “hubiera intentado evitar o esquivar la colisión con la patrullera de la Guardia Civil que fue arrollada”. El juez pide que el perito analice “si fuera posible”, “la actuación del piloto de la embarcación de alta velocidad en los instantes previos, coetáneos y posteriores a la colisión”.
Con ello, se trata de determinar la intencionalidad del piloto de la narcolancha, Karim El Baqqali, en sus maniobras cuando embistió a la lancha patrullera de la Guardia Civil, lo que podría determinar si se modifican las acusaciones que pesan sobre él, de dos delitos de asesinato y cuatro delitos de asesinato en grado de tentativa, entre otros. Si se determinara que la intencionalidad de la maniobra no fue embestir la narcolancha y que, como declaró al juez el acusado tras entregarse, fue “un accidente”, la calificación de delito podría cambiar a homicidio.
¿Asesinato u homicidio imprudente?
Los informes de la Guardia Civil, tras el exhaustivo visionado de los vídeos del suceso, entre ellos la cámara Go-Pro que llevaba uno de los agentes, han apuntado a que la narcolancha “fue objeto de al menos siete embestidas” a lo largo de 2:42 minutos, en una acción “coordinada” con otras que había en la zona. “Dios!!, dios!!! ... van a por nosotros. Disparar al aire. Van a por nosotros!!!”, dijeron los agentes en los instantes previos a recibir la última y fatal embestida, a una velocidad tan alta que “apenas es captada por la cámara”, según señalaba ese informe.
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En sus declaraciones ante el juez, el piloto, que se entregó tras estar siete meses huido y permanece encarcelado, aseguró sin embargo que en ningún momento tuvo intención de arrollar la zodiac de la Guardia Civil. Contó que aquel día llevaba un mes en el mar y varios días sin dormir, a bordo de una narcolancha en la que su función no era ser piloto, una función que se vio obligado a asumir cuando el que ejercía esa función se marchó de la “goma”.
Según su versión, cuando vio a la patrullera tuvo miedo y al intentar huir se cruzó en su camino la lancha de la Guardia Civil, una versión que las acusaciones consideraron “un cuento chino”, pero que el juez quiere comprobar con este nuevo informe sobre la maniobra que ha solicitado.
En caso de que finalmente se determine que el piloto embistió intencionadamente a los agentes, el delito que se imputaría sería el de asesinato, penado con hasta 25 años de cárcel por cada agente fallecido. Por lo contrario, si se considerase que no hubo intencionalidad, podría atribuírsele un delito de homicidio por imprudencia grave, que estaría penado con hasta 4 años de cárcel por cada víctima.
