La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho este lunes que la Ley de salud sexual y reproductiva es una norma redactada de “manera sectaria” por un gobierno “furibundo” y prefiere “encomendarse” a las decisiones de la justicia sobre el registro de objetores de conciencia frente al aborto.
Así lo ha declarado este lunes Ayuso a los medios a su llegada a un foro sobre Melilla organizado en la sede de la CEOE, tras publicar esta mañana en su cuenta de X que “solo un dictador” puede obligar a los médicos “a hacer lo que no quieren hacer”.
“De leyes sectarias solo podemos encontrar respuestas sectarias como la suya, a modo de dictadores que no respetan y vulneran derechos básicos, como es el de conciencia. Y la objeción de conciencia es lo que defendemos”, ha afirmado la presidenta regional.
Así ha reaccionado tras la decisión del Gobierno central de iniciar acciones legales contra Madrid al negarse a cumplir la Ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo, que obliga a las comunidades autónomas a crear un registro confidencial de objetores de conciencia.
“Si estas leyes están redactadas de esta manera sectaria, por lo menos prefiero encomendarme a las decisiones de la justicia”, ha subrayado, así los médicos, los sanitarios “no tienen por qué manifestarse públicamente y no tienen por qué ser estigmatizados por obrar en base a su conciencia”.
Ayuso ha apuntado que prefiere que sea un tribunal el que decida, “y no un gobierno tan sectario y que redacta de manera furibunda las leyes, siempre contra la libertad en todos los aspectos”.
Esta misma mañana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Ejecutivo ha iniciado los trámites para llevar a la Comunidad de Madrid ante los tribunales por negarse a elaborar el registro de objetores de conciencia frente al aborto.
En un comunicado, el Gobierno ha explicado que inicia acciones legales porque la región presidida por Isabel Díaz Ayuso se niega a cumplir la Ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo, que obliga a las comunidades autónomas a crear un registro confidencial de objetores de conciencia con la finalidad de organizar los servicios médicos para garantizar el derecho al aborto.
Hace unas semanas, el Ministerio de Sanidad envió un requerimiento a Aragón, Baleares y la Comunidad de Madrid en el que se recordaba la exigencia de cumplir la ley con la creación de registros autonómicos de objetores de conciencia frente al aborto. Las dos primeras regiones pusieron en marcha los registros, no así Madrid.
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El Ejecutivo ha insistido también en que el registro de objetores es una herramienta para que los hospitales públicos puedan organizar sus servicios y garantizar el acceso a este derecho sin derivar sistemáticamente a las mujeres a centros privados. Además, ha recordado que los datos del registro de objetores son confidenciales y en ningún caso de acceso público