Los Bomberos Forestales de la Comunidad de Madrid, en huelga indefinida desde el pasado 15 de julio, se han concentrado esta mañana frente a la junta de accionistas de Tragsa para exigir a la empresa pública y a la Comunidad de Madrid la apertura inmediata de un proceso real de negociación.
Según señalan en sus redes sociales, “desde el minuto uno la Policía Nacional ha estado con una actitud violenta, claramente una orden del Gobierno y han cargado”. El resultado: al menos nueve bomberos detenidos y más de diez han tenido que ser trasladados al hospital de la Princesa en la capital.
La policía usa gas lacrimógeno
Las fuerzas de seguridad han utilizado gas lacrimógeno, que ha alcanzado en la cara de algunos bomberos. “Este verano hemos estado apagando los incendios forestales en los pueblos de Madrid, hemos perdido compañeros y así nos lo pagan”, denuncia el colectivo.
Han pedido la dimisión del Delegado del Gobierno de la Comunidad de Madrid por tratar así a un colectivo público y actuar con tanta violencia.
El objetivo de la manifestación pacífica era avanzar hacia un nuevo convenio colectivo (caducado desde 2012), poner fin a la temporalidad y establecer medidas eficaces de protección frente a agentes cancerígenos.
Las reivindicaciones del colectivo
La movilización alcanza esta semana los 150 días consecutivos, un periodo que la sitúa entre las más largas en la historia reciente del sector público, subraya el comité de huelga en un comunicado.
A pesar de la prolongación del conflicto, los trabajadores aseguran que Tragsa se niega a negociar con el comité de huelga, alegando “motivos organizativos”.
El colectivo sostiene que la empresa está legalmente capacitada para firmar un convenio propio, según confirmó la Autoridad Laboral en un informe emitido este verano a petición de la Comunidad de Madrid, titular del servicio cuya gestión está encomendada a Tragsa.
El comité de huelga lamentaba ayer en una nota de prensa que, durante los casi cinco meses de protesta, solo se han producido reuniones puntuales en momentos de “alta presión mediática”, especialmente durante los incendios del verano, sin que la empresa aportase “ni una sola propuesta concreta”.
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Los bomberos sostienen que este “bloqueo institucional” pone en peligro la planificación de la próxima campaña de incendios, que requiere de refuerzos, formación y organización con meses de antelación.
La protesta de esta mañana ante la junta de accionistas de Tragsa -donde se sientan altos cargos estatales y autonómicos- buscaba visibilizar ante los máximos responsables políticos la situación del servicio y trasladarles la responsabilidad sobre un conflicto que afecta directamente a la seguridad ambiental de la región.
Los trabajadores precisan que un bombero forestal de la Comunidad de Madrid percibe alrededor de 1.300 euros mensuales por realizar labores de alto riesgo, como extinción de incendios o trabajos con maquinaria pesada.
El colectivo critica que esta situación es incompatible con los récords históricos de beneficios de Tragsa -87 millones de euros en 2024- y sus políticas de bonus millonarios a la dirección.
Añaden a sus reivindicaciones la necesidad de aplicar en Madrid la Ley Básica del Bombero Forestal, aprobada hace más de un año, cuyo desarrollo permitiría regular funciones, categorías profesionales y condiciones de protección laboral pendientes.
La huelga cuenta con el respaldo de una campaña de crowdfunding que ya supera los 15.000 euros.
Ayer, más de quince sedes de Tragsa en toda España amanecieron con pintadas de apoyo a los bomberos forestales madrileños, un gesto que, según el comité, refleja el cansancio generalizado del sector ante las condiciones laborales en distintos territorios.
Explicaciones por las cigüeñas muertas
El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, y la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, han coincidido este jueves en exigir a la Comunidad de Madrid mayor “información” al respecto de la muerte de cientos de cigüeñas en las inmediaciones del río Manzanares, un asunto que se está analizando para comprobar si estos animales podrían haber fallecido por gripe aviar.
Ambos se han referido a este tema al término de una reunión de la Junta Local de Seguridad de Getafe, donde Hernández ha aprovechado para demandar “más información para poder colaborar”, recordando además la carta que envió esta misma semana a la Consejería de Medio Ambiente y para la que dice aún no haber recibido una respuesta que aclare las causas de la muerte de las cigüeñas.
“Necesitamos mayor información para saber a lo que nos enfrentamos y, sobre todo, para poder colaborar, porque solo con la Administración General del Estado, la Comunidad de Madrid y los Ayuntamientos podemos abordar este tema de la mejor manera posible”, ha aseverado Hernández. Durante cuatro días de la semana pasada, se retiraron más de 400 cigüeñas.
El comité de huelga acusa a Tragsa de vulnerar derechos fundamentales, señalando el incumplimiento de la Constitución Española y del Real Decreto-ley 17/1977, que obligan a ambas partes a dialogar durante un proceso de huelga y reconocen al comité como interlocutor legítimo.
Pese a todo, los bomberos forestales insisten en su voluntad de encontrar una salida negociada al conflicto. “La negociación es la única vía. Lo que no es aceptable es seguir ignorando un problema que afecta de lleno a la seguridad ambiental y a la ciudadanía de la Comunidad de Madrid”, concluye el comité.
