Las Claves
- La Comunidad de Madrid abandona el consorcio de Casa Árabe tras detectar una gestión incompatible con los valores del Gobierno regional.
- El consejero Mariano de Paco Serrano comunicó la decisión al director Miguel Moro Aguilar por la pérdida de credibilidad institucional.
- Un informe del Tribunal de Cuentas reveló deficiencias graves en el control interno y la gestión económica durante los últimos años.
- El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso exige transparencia y critica los resultados negativos recurrentes cercanos al millón de euros anuales.
La Comunidad de Madrid ha informado a los responsables de la Casa Árabe sobre su determinación de salir del consorcio de la institución después de evaluar su administración de los ejercicios recientes y detectar tendencias “incompatibles” con los valores del Gobierno regional y que “han repercutido negativamente en la credibilidad de la institución”.
El responsable de Cultura, Turismo y Deporte de Madrid, Mariano de Paco Serrano, ha enviado una comunicación en representación de la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, al director general de la Casa Árabe, Miguel Moro Aguilar, informándole sobre la determinación tomada por la Comunidad de Madrid.
Casa Árabe constituye un organismo público de naturaleza interadministrativa vinculado a la Administración General del Estado, el cual se conforma como un consorcio compuesto por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y de Cooperación (MAEUEC), la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la Junta de Andalucía, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y el Ayuntamiento de Córdoba.
Dudas en la gestión económica
De acuerdo con el escrito del Gobierno madrileño, la determinación de dejar el consorcio obedece a “a una reflexión profunda y responsable sobre la gestión que arrastra la institución”, ya que en los “últimos años” la Consejería de Cultura ha notado “con preocupación” diversos procesos que califica como “incompatibles con los principios” que estima que deben imperar en toda institución pública.
“El reciente informe conocido y publicado por el Tribunal de Cuentas viene a confirmar nuestras dudas sobre la citada gestión, resultado de decisiones y actuaciones que han repercutido negativamente en la credibilidad de la institución que usted dirige”, asegura la misiva, que ha sido consultada por Efe.
Específicamente, el Tribunal de Cuentas determinó en su reporte, relativo a los periodos 2023 y 2024, que la agrupación “carece formalmente de un sistema completo y estructurado de control interno, lo que afecta de forma transversal a la gestión económico-financiera, la contratación, la organización del personal y la seguridad de la información”.
Prosigue la dinámica adversa
Asimismo subrayó la presencia de “resultados negativos recurrentes”, próximos al millón de euros cada año, con costes de administración de 3,2 millones de euros (2023) y 3,3 millones (2024), que resultaron saldados “mediante el uso del remanente de tesorería”.
La falta de monitoreo de las labores ejecutadas o de índices de desempeño; las “numerosas deficiencias e irregularidades en la cobertura de puestos” de los trabajadores; o la inobservancia de los preceptos legales en los contratos menores representaron otras de las anomalías indicadas por el Tribunal de Cuentas.
Debido a ello, “y en defensa de la transparencia en la gestión de las instituciones”, el Gobierno madrileño ha resuelto “tomar distancia” en la operatividad de la institución, “que no responde plenamente a los estándares que exige la sociedad actual”.
“Quiero subrayar que esta decisión se toma con el legítimo deseo de que la institución pueda recuperar en el futuro los valores y el prestigio que motivaron nuestra participación original”, finaliza el asesor en la misiva, en la cual espera que “puedan superarse los obstáculos mencionados para el bien común y el desarrollo institucional”.
Al dirigirse a la prensa, el portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, ha indicado que la Comunidad “no puede seguir trabajando” ante tal situación y ha demandado al Ejecutivo central que esas anomalías “no vuelvan a ocurrir ni en la Casa Árabe, ni en ningún otro organismo que, de alguna manera, dependa de la Administración General del Estado”.