Madrid

Ayuso pacta con los rectores

Educación

Las plataformas vigilan el veloz progreso

Alumnos y profesores cuelgan un mural de la fachada de la Facultad de Físicas de la Universidad Complutense de Madrid.

Estudiantes y docentes colocan una obra mural en el exterior de la Facultad de Físicas de la Universidad Complutense de Madrid.

Ricardo Rubio/EP

La Comunidad de Madrid ha alcanzado un acuerdo con los rectores de las seis universidades públicas madrileñas para poner en marcha un nuevo modelo de financiación plurianual.

El gobierno regional ha informado que a las 13 horas de este martes, la presidenta del Ejecutivo, Isabel Díaz Ayuso, firmará con los rectores el texto en la Real Casa de Correos.

El nombramiento de la nueva responsable de Educación, Mercedes Zarzalejo, despertó expectativas entre las universidades sobre la posibilidad de obtener recursos adicionales para el sistema público. Pese a ello, sabiendo que la línea pedagógica de la administración de Isabel Díaz Ayuso se enfoca en favorecer a la enseñanza privada y considerando las limitaciones presupuestarias, todavía se contemplan posibles protestas. En la víspera, Zarzalejo conversó de forma reservada con los rectores para inaugurar un periodo de conversaciones, aprovechando el vínculo establecido durante su etapa como viceconsejera.

Este martes se va a producir, además, una reunión entre las plataformas en defensa de la universidad pública (participadas por sindicatos y agrupaciones de estudiantes) y los seis rectores de la Conferencia de Rectores madrileños (CRUMA). El tema principal a tratar es la nueva financiación.

Las plataformas descartan el plan del Gobierno

Las Plataformas por las Universidades Públicas de Madrid desestiman la propuesta del Ejecutivo autonómico de asignar 1.600 millones de euros en un lustro a los seis centros, bajo un reciente esquema de financiamiento que empieza a discutirse y que “terminará de desguazar la universidad pública en favor de las privadas”.

Así lo expresaron las plataformas 'Por la Pública' de la Complutense, Rey Juan Carlos, Autónoma, Politécnica, Alcalá y Carlos III, en un comunicado conjunto tras el cese del exconsejero de Educación Emilio Viciana y el fracaso de su ley de universidades (Lesuc) que suscitó el rechazo generalizado de toda la comunidad educativa. Habrá que ver qué dicen hoy del nuevo acuerdo.

Conforme a las plataformas, para lograr que la partida presupuestaria llegue a 1.600 millones en cinco años, se necesitaría un incremento medio anual de 72 millones y este curso ya subió en 75,3 millones, por lo cual “los incrementos anunciados son menores” que el de 2026.

Si se calcula un aumento del 3% del PIB para los ejercicios venideros, estos 1.600 millones representarán “en el 2030 un 0,4% del PIB regional”, por debajo del 1% estipulado en la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), sostienen las organizaciones.

Con 72 millones más para seis universidades, “cada universidad recibiría en torno a 12 millones anuales, una cuantía claramente insuficiente para paliar la asfixia”, ya que ni siquiera revierte el volumen del plan de recortes de 33 millones de la Complutense o el déficit de 76 millones de URJC.

Frenar el ahogo de la economía

Esta propuesta “refuerza la asfixia económica”, obligando  a las universidades a implementar “recortes duros durante los próximos 5 años.

El movimiento 'Por la Pública' reclama el 1% del PIB, lo cual significa “al menos doblar el presupuesto actual” de las universidades, lo que requiere “un apoyo siete veces mayor de esa cifra” de aquí a cinco años.

“No nos contentamos con sobrevivir con meras migajas, la educación universitaria y la producción de conocimiento deben volver a ser servicios públicos, y dejar de ser negocios basados en el lucro”, defienden.

Por lo tanto, “no aceptaremos nada que no pase por empezar a revertir las tendencias de fondo” que situaron Madrid como la comunidad que más privatiza el sector y que tiene los peores indicadores en “trasvase de estudiantes y personal a las privadas, bajos salarios, caída de oferta de plazas y cierre de grados, esfuerzo público autonómico, inversión por estudiante, precios públicos de matrícula”.

Alcanzar el 1% del PIB

En conclusión, las plataformas defienden que si los rectores y gobernantes hacen anuncios oficiales que vayan contra “los objetivos mínimos”, las plataformas se reunirán “de urgencia para organizar y convocar las movilizaciones, acciones y huelgas tan intensas como sea necesario hasta que se cumplan los mínimos señalados”, concluyen.

Respecto a la reunión que se va a celebrar este martes, las plataformas defienden: “Queremos que los rectores nos escuchen y motivarles para que no acepten una financiación que no se acerque al 1 % del PIB que prevé la LOSU” hasta el 2030, han dicho a Efe desde la Coordinadora Interuniversitaria que agrupa las plataformas.

Las plataformas acordaron en una asamblea el 14 de febrero retomar las movilizaciones “si no se cumple una financiación suficiente y estable” y se declaran contrarias a la financiación por objetivos que busca la Comunidad: “la consejería pondrá los objetivos y, si no se cumplen, no aportará el dinero”, según la Coordinadora. 

Maria Concepción Lafraya Soret

Conchi Lafraya

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Cronista de finanzas por 27 años. Vinculada a Guyana Guardian desde el 2007. Hoy en día redacto crónicas de Madrid