El pasado 8 de diciembre los Bombers de la Generalitat fueron alertados de una fuga de agua que había causado un riesgo estructural en el edficio número 38 de la calle Frank Marshall, en el barrio de Rocafonda de Mataró (Maresme). Tras una primera inspección se ordenó el desalojo inmediato de los vecinos y a día de hoy se mantiene el bloque precintado en espera de los informes técnicos preceptivos.
Los Bombers de Mataró pidieron la valoración de un técnico municipal antes de proceder a desalojar el edificio en el que una fuga de agua había provocado riesgos estructurales graves. Se trata de un bloque de cinco plantas, según los datos del padrón construido en la década de los años 70, en el que se reparten 11 pisos -uno de los cuales estaba vacío- y un bar en los bajos.
Prohibido el acceso hasta disponer de un informe técnico
El Ayuntamiento de Mataró, de forma subsidiaria procedió a apuntalar el edificio para evitar el riesgo de hundimiento, la medida más urgente que aconsejaba la situación. El bloque sigue precintado a la espera que la comunidad de vecinos, todos ellos propietarios excepto tres pisos que pertenecen a la Agència Catalana de l'Habitatge, presenten los informes técnicos que acrediten que pueden volver a sus viviendas de acuerdo con la Administración de Fincas que gestiona el inmueble.
Por otro lado, la comunidad dispone del plazo de un mes para presentar una propuesta de intervención para reparar los desperfectos en el inmueble, acompañada de un informe patológico del edificio que permita valorar el estado de la estructura y definir el ámbito de la intervención, así como presentar el informe ITE (Inspecció Tècnica de l'Edifici).
El edificio en riesgo de hundimiento en el barrio de Rocafonda .
En lo que se refiere a los vecinos, la misma noche del 8 de diciembre algunos de ellos ya fueron realojados en centros habitacionales u hostales a cuenta del Ayuntamiento ya que no disponían de otros recursos familiares. El pasado lunes, el servicio de Benestar Social atendió a todos los vecinos afectados.
A fecha de hoy todas las unidades familiares afectadas tienen cubiertas sus necesidades de alojamiento cubiertos por el seguro de cada vivienda, excepto un núcleo familiar que está en trámites, por lo que sigue alojado a cuenta del Ayuntamiento.

