Inscripciones a ciegas en el nuevo Institut Escola de Sant Pol de Mar
Protesta ciudadana
La comunidad educativa de los dos centros que se fusionan indignada por la falta de rigor de la Conselleria d'Educació, que en plena preinscripción carece de dirección y de un proyecto educativo para el 2025

El nuevo instituto escuela de Sant Pol, junto al campo de fútbol municipal.

La que hubiera tenido que ser una fusión ejemplar de dos centros educativos en Sant Pol de Mar (Maresme), la escola Sant Pau y el Institut Sant Pol hacia un nuevo Institut Escola, con dos líneas educativas, 45 docentes (34 de primaria) y 700 alumnos, se ha convertido en un sainete a modo de calvario para las familias, que no dudan en acusar de acción negligente a los responsables de Serveis Territorials del Departament d'Educació de la Generalitat por lo que consideran falta de previsión al no disponer aún de la persona que ostentará la dirección del centro y por tanto, imposibilitar la existencia de un proyecto educativo atractivo para las familias. “¿Debemos hacer las inscripciones a ciegas y confiar en alguien que hasta ahora no ha cumplido?” Se preguntan las madres y padres de los futuros alumnos.
Desde hace más de seis años que el Ayuntamiento de Sant Pol de Mar, el Departament d'Educació y la comunidad educativa trabajaban para impulsar con garantías la fusión de los dos centros educativos del municipio en un instituto-escuela de nueva construcción. "Pero todo empezó mal, la comisión de seguimiento, con representantes de alumnos, las direcciones y Educació, no se ha reunido nunca porqué la Generalitat lo ha querido así” inciden.
El nuevo Institut Escola arrancará el 1 de septiembre, sin una dirección, ni un proyecto definido que poder mostrar a las familias interesadas durante el proceso de preinscripción que ahora empieza. El procedimiento, según la comunidad educativa, ya no empezó bien, plagado de irregularidades como que Serveis Territorials del Maresme realizase la nominación del nuevo director “a dedo” sin tener en cuenta otras opciones.
En este sentido, el Departament d'Educació asegura que es cierto que “no se consensua la dirección con la comunidad educativa”, en ningún centro. La sucesión se inicia con la propuesta de un candidato por parte de la Inspección, para que la dirección de los Serveis Territorials acabe tomando una decisión. En este caso, informan que “el plan educativo lo deberá elaborar el próximo director”.
Inspección ha intentado ocultar las protestas exigiendo que no consten en el acta de las reuniones
Precisamente el servicio de Inspección de los Serveis Territorials d'Educació en el Maresme, es el blanco de muchas de las críticas de la comunidad educativa de Sant Pol. “Han intentado ocultar la realidad a la Generalitat” y como prueba esgrimen las tensas reuniones con las Associciacions de Famílies d'Alumnes “en las que han ordenado que no constasen en acta según que comentarios”. Por ello las AFA reclaman total transparencia “en los informes del proceso público” a los que ahora se les niega el acceso.
En la misma línea, advierten que “no se ha llevado a cabo ninguna planificación rigurosa ni se ha permitido elaborar una estrategia conjunta” entre los centros que se fusionan. Acusan a los SSTT de “despreciar y apartar a las familias del procedimiento que afecta directamente a la comunidad educativa” más cuando el centro será un novedoso 3-18, es decir “convivirán niños de tres a 18 años”.

El Departament de la Generalitat, ante las quejas recibidas, asume que el primer año de funcionamiento del nuevo centro, es de transición, durante el cual “se trabajará el plan educativo”, recordando igualmente que se trata de “una fusión y no de una transformación”, por lo que los proyectos educativos que procedan de los centros fusionados se mantendrán inalterables.
Entre la controversia generada y lo que definen como un grave descontrol organizativo, el último escollo ha sido la dimisión de la persona nombrada para dirigir el nuevo Institut Escola, a propuesta de la inspectora y su negativa a formar parte de ningún equipo directivo. Ante tal decisión, temen que el nuevo centro arrancará el 1 de septiembre de 2025 sin dirección, ni equipo docente definido. “Y mucho menos nos informan de criterios pedagógicos, ni proyectos educativos, ni horarios”, lamentan a pocos días del periodo de preinscripción para el nuevo curso.
Jornada de tres tardes semanales
Desde Educació detallan que “se puede modificar el horario” del futuro centro, lo que “se publicará en su día en el calendario escolar”. Reconocen que será “un año de excepcionalidad” en el que se deberá adaptar el horario con tres tardes lectivas, como en el resto de los institutos catalanes, lo que para las familias de Sant Pol supone un agravio a “la conciliación familiar”. En este sentido, desde Educació consideran que existe la posibilidad de que el centro se acoja a la excepcionalidad de una jornada intensiva “si así lo autorizan desde SSTT del Maresme”. En cuanto al comedor, informan que no se plantean cambios.
Las familias hablan de “incertidumbre y gestión precaria” y lamentan que “las decisiones se tomen sin escuchar a los profesionales” que conocen la realidad de sus aulas. Tampoco se ha dispuesto un espacio de diálogo “entre las familias, profesorado y Serveis Territorials” manteniendo en todo momento “una actitud opaca”. Ni mucho menos se han abordado “los problemas de ratio que seguimos teniendo” por lo que vaticinan que todo ello aboca a una gestión lamentable con consecuencias imprevisibles y acusan a Educación de mantener una situación “sujeta más a criterios políticos que pedagógicos”. Por todo ello, reclaman la creación de un Consell Escolar transitorio a partir del nombramiento de la nueva dirección.
El Ayuntamiento de Sant Pol de Mar, por su parte, que actúa como promotor de la obra abonando el 20% de los aproximadamente cuatro millones del proyecto, lamenta también la indefinición y se pone del lado de las familias en la protesta. En lo que se refiere a las competencias municipales, aún desconocen los gastos de mantenimiento, conserjería y limpieza que deberán soportar las arcas municipales, así como los costes de compaginar el uso de instalaciones municipales, tales como el pabellón polideportivo o el campo de fútbol.
