El Ayuntamiento de Canet de Mar (Maresme) hace casi dos años que mantiene paralizadas gran parte de las actuaciones del Área de Urbanismo como consecuencia de un litigio con un particular por una cuestión tan técnica como la falta de perspectiva de género, una treta legal que derivó en la suspensión total del Plan de Ordenación Urbanística (POUM) del municipio en mayo del 2023. El denunciante demandó al Consistorio por discrepancias en un proceso urbanístico particular sobre una finca de su propiedad y desde entonces se mantiene el litigio y la suspensión urbanística.
El gobierno de Canet, según un comunicado emitido en su página oficial, detalló que, junto con la Generalitat, decidieron tramitar un recurso de casación sobre la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSCJ) que daba la razón al propietario litigante y declaraba nulo el POUM, al considerar que la resolución no estaba suficientemente fundamentada. Ahora el Tribunal Supremo ha decidido no admitir tal recurso, por lo que el proceso se volverá a retardar en espera de una sentencia firme del propio tribunal, al que el Supremo considera competente para juzgar la normativa que se discute.
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El POUM entró en vigor en julio del 2019, en sustitución de las normas subsidiarias del 1992. Cuatro años después el TSJC dio la razón a un particular fundamentando la insuficiencia del documento incluido en la memoria social que presentó el gobierno sobre la perspectiva de género y la protección de los colectivos socialmente vulnerables en el planeamiento urbanístico. La sentencia no es firme, ya que falta resolver el recurso presentado por la Generalitat ante el mismo TSJC.
La anulación ha comportado una nueva polémica política entre gobierno y oposición. Desde el PSC, en otro comunicado, acusan al gobierno municipal (Canetencs, ERC, Junts y Som Canet) de tergiversar la decisión judicial del TS. Consideran que el recurso ante el Supremo “fue un salto adelante” del cuatripartito para presentar un recurso “con nocturnidad y sin escuchar el pleno municipal” en quien aseguran recae la potestad de recurrir. Los socialistas apuntan que el alto tribunal es “bastante elocuente al revelar la inconsistencia del recurso” presentado por el gobierno municipal y coloca el POUM “en una situación de inseguridad jurídica sobre la que el gobierno ha perdido el control”.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, desde el 2022 no enmienda ninguna sentencia de casación
Apelar ahora una sentencia que aún no es firme, a criterio del PSC “es una falacia que no mengua la gravedad de la situación” sino que además provoca “su agravamiento afectando el desarrollo urbanístico y el desarrollo económico de nuestra población”. Así, el gobierno se muestra impotente para impulsar proyectos como la construcción de unas pistas de atletismo, la cesión de terrenos para construir una nueva escuela, cambiar los usos urbanísticos, la actuación urbanística en la N-II o el proyecto de urbanización de la antigua fábrica Pulligan.
La disputa política se trasladó al plenario municipal en forma de una agria polémica entre el concejal de Urbanismo, LLuís Llovet (ERC) -que ya lo era en la anterior legislatura- y la portavoz Marian Gómez (PSC). El regidor de gobierno definió el comunicado socialista como “panfleto que utiliza el lenguaje de Alianza Popular y de Manuel Fraga” y reclamó respeto para los trabajadores municipales que elaboraron el comunicado municipal. Llovet anunció la convocatoria de una comisión de urbanismo “con todos los partidos” pero además recordó que el Ayuntamiento está siendo asesorado por un letrado de la Diputació, que recordó “es socialista” y otros de la Generalitat, que también son, añadió, “socialistas”.
Como réplica, la portavoz socialista leyó parte de un informe de los asesores urbanísticos de su partido y pidió respeto al concejal republicano después de que este “imitase mi voz” durante la réplica. En el texto se recuerda que desde el 2022 el TSJC no ha enmendado ninguna sentencia de casación y lamenta, que de no haber sido por la mala gestión del gobierno “ahora ya tendríamos un nuevo POUM”. En paralelo, el también concejal del PSC, Miquel Borrego recriminó al gobierno que fueran conocedores de la anulación del POUM antes de las elecciones y no informasen a nadie.
