El Pleno municipal del Ayuntamiento de Mataró (Maresme) aprobó una propuesta de resolución presentada por el grupo municipal del PP para garantizar la veracidad del padrón municipal. El texto se aprobó con los votos favorables del PP de Mataró, Vox y Junts por Mataró; los grupos municipales En Comú Podem, ERC y la CUP votaron en contra y el grupo municipal del PSC-CP se abstuvo. Entre otras medidas, se contempla habilitar canales de comunicación para denunciar la práctica de los empadronamientos ilegales de forma anónima.
En la moción aprobada, se detalla que el padrón municipal constituye una herramienta esencial para la gestión y planificación de los recursos municipales. “Un registro exacto y actualizado del número de habitantes y de sus características socioeconómicas resulta imprescindible” añaden, para la correcta asignación de los servicios públicos, la seguridad ciudadana y la distribución equitativa de las prestaciones.
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Según la moción, en la actualidad, el proceso de inscripción en el padrón municipal presenta deficiencias que dificultan la verificación de la residencia habitual de los solicitantes. La ausencia de controles sobre la legitimación de la inscripción puede dar lugar a empadronamientos fraudulentos o irregulares, algo que, según apuntan “desvirtúa la función del registro y puede provocar distorsiones en la planificación de las políticas municipales”. Esta falta de control favorece que determinados colectivos se beneficien indebidamente de recursos públicos destinados a la población empadronada de forma legal y efectiva.
Esta problemática se manifiesta con especial incidencia en barrios como Rocafonda y Cerdanyola, donde el incremento de inscripciones irregulares ha generado situaciones que afectan a la convivencia y han contribuido a una mayor percepción de inseguridad entre el vecindario. Los empadronamientos ficticios o vinculados a actividades ilícitas pueden dar lugar a una asignación errónea de los servicios públicos, sobrecargando los sistemas de atención social y dificultando la eficiente prestación de servicios esenciales como la sanidad, la educación o la seguridad. Esta realidad se ve agravada por el aumento de los casos de ocupación ilegal, un fenómeno que no sólo vulnera los derechos de los propietarios legítimos, sino que también puede facilitar la inscripción fraudulenta en el padrón y, en consecuencia, el acceso indebido a ayudas y prestaciones sociales.
Uno de los bloques con viviendas ocupadas en el barrio Pla d'en Boet de Mataró donde los ocupas se empadronan
Ante esta situación, se hace imprescindible una reforma normativa que garantice un mayor control sobre el proceso de empadronamiento, reforzando los mecanismos de verificación de la residencia efectiva e imponiendo sanciones más estrictas para aquellos que utilicen el padrón de forma fraudulenta. Entre las medidas a considerar, deberían establecerse sistemas de comprobación periódica de la residencia efectiva, aumentar la colaboración entre administraciones para detectar irregularidades y mejorar la capacidad de actuación de los servicios municipales en la detección y corrección de estas situaciones.
Asimismo resulta fundamental abordar las repercusiones que esta problemática tiene en el mercado de la vivienda. La proliferación de situaciones de empleo irregular y la inseguridad jurídica asociada han desincentivado a muchos propietarios a poner sus inmuebles en alquiler, lo que contribuye a una mayor escasez de vivienda disponible y al incremento de los precios. Para garantizar el derecho a una vivienda digna y proteger tanto a los propietarios como a los inquilinos que actúan dentro de la legalidad, es necesaria una actuación decidida contra estas prácticas abusivas.
Seguimiento por parte de la Policía
En definitiva, aseguran desde el PP, “si queremos una ciudad ordenada, segura y justa, debemos garantizar que el padrón municipal sea una herramienta fiable y que cumpla su función original”, reflejar con precisión la población realmente residente en el municipio y asegurar que los recursos públicos se destinan exclusivamente a aquellas personas que cumplen con la normativa vigente. Por eso, insisten en que “resulta imprescindible adoptar medidas para prevenir y corregir los empadronamientos irregulares”, garantizando un sistema más transparente, eficiente y justo para todos los ciudadanos.
Las propuestas aprobadas establecen crear un registro de inmuebles con indicios de empadronamientos irregulares; Identificar aquellas viviendas que presenten una densidad de residentes desproporcionada en relación a su capacidad de habitabilidad y llevar a cabo una revisión sistemática de su situación, así como Implementar protocolos de inspección periódica y aleatoria con el objetivo de detectar y corregir empadronamientos fraudulentos, en coordinación con la policía local y otros organismos competentes.
En la misma línea, se creará un procedimiento de revisión y baja automática del padrón para aquellas personas que hayan aportado documentación inexacta, errónea o fraudulenta, o que no puedan acreditar su residencia de forma legal y continuada. Y finalmente se habilitarán canales de comunicación anónimos a fin de que la ciudadanía pueda informar sobre posibles empadronamientos irregulares, garantizando la confidencialidad y el seguimiento efectivo por parte de la Policía Local, que procederá a las actuaciones pertinentes.
