El Ayuntamiento de Mataró (Maresme) ha iniciado los trámites judiciales para desalojar un camping ilegal instalado en unos terrenos rústicos en la zona forestal al norte de la ciudad. Exigen la clausura de las actividades una vez que se instó a la empresa promotora de las parcelas a desalojar de forma voluntaria las personas que viven en el recinto de unas 12 hectáreas. Según el Consistorio que insta la ejecución forzosa de clausura del camping ilegal, se trata de terrenos rústicos.
Lo que empezó hace unos tres años como una aventura empresarial de dos hermanos para impulsar una explotación agrícola, se fue convirtiendo en un espacio parcelado que han ido alquilando a personas vulnerables. “Nos empezaron a venir personas desahuciadas y familias vulnerables a pedir ayuda y les dejamos instalarse en caravanas, tiendas y barracas” explica Bilal El Harrak, uno de los promotores. Ahora viven allí más de 100 familias, todas ellas de alta vulnerabilidad social, entre las que se cuentan refugiados políticos de países sudamericanos y 50 menores de edad en situación de desamparo social.
“Hemos intentado proteger a toda esta gente tan vulnerable” justifica El Harrak, aunque reconoce que también obtienen un rendimiento económico. “Hay familias que por su situación crítica no pagan y otras abonan el alquiler mensual según sus capacidades”. A cambio, obtienen agua de pozo y electricidad que suministran varios generadores, “lo justo para una tele y unas pocas bombillas”. Cada familia ha ido construyendo un hogar en las parcelas, “unos con autocaravanas, otros con módulos prefabricados y varios con maderas”.
Al final, pese a las presiones de las autoridades “hemos ido construyendo una comunidad que se ayuda entre sí” y que da amparo a las familias que han quedado al margen de los circuitos sociales. Algunos son desahuciados de sus viviendas, otros vivían en vehículos y otros vagaban por las calles.
Entrada con puerta automática y buzones de la comunidad del parquing en la carretera de Mata de Mataró.
El Harrak lamenta que el Ayuntamiento no atienda a las familias acogidas en el camping. Allí tiene su casa Mari, una andaluza con cuatro hijos que precisa de diálisis periódicamente, una familia de venezolanos con hijos discapacitados que tuvieron que huir de su país. Algunos españoles en riesgo de exclusión, como el masovero de una finca próxima al que los pudientes propietarios dejaron abandonado a su suerte y otros a los que la Sareb “nos obligó a salir del piso”.
Todo este sinsentido empezó hace 25 años cuando una famosa promotora inmobiliaria adquirió los terrenos “pensando que podrían edificar casas de lujo, pero cambió el alcalde y los terrenos no se recalificaron nunca”. Por eso decidieron alquilar todas las hectáreas para la explotación agrícola que no fructificó. “Nos arruinamos con el negocio de las sandías” reconoce Bilal.
En el espacio viven más de cincuenta menores en riesgo de exclusión social
El Ayuntamiento considera que es un caso flagrante de barraquismo al que se oponen frontalmente y que lleva años litigando con expedientes de disciplina urbanística y sanciones. El caso se ha elevado a la Fiscalia de Medi Ambient y a los Mossos d’Esquadra. Los terrenos estan ubicados en una zona periurbana de especial protección natural, junto a la carretera de Mata y que, a criterio de los técnicos municipales, “tiene un alto riesgo potencial de incendio” especialmente por su continuidad con el Parc Natural del Montnegre i Corredor. “La existencia de personas viviendo de forma continuada en el camping incrementa muy notablemente el riesgo de incendio forestal” certifican.
Las familias afectadas por el desalojo han iniciado acciones de protesta, como la recogida de firmas en plataformas digitales apoyados por entidades sociales como el Sindicat de l’Habitatge, que explicita la vulnerabilidad de las personas alojadas en el camping. Advierten que “este nuevo barraquismo puede acabar siendo una tendencia” si se siguen defendiendo las opciones “rentistas” y ejecutando desahucios en lugar de “atajar el problema de raíz”.
Por contra, apoyan la decisión municipal los vecinos de urbanizaciones próximas, como la de Can Quirze, que también claman contra el barraquismo y el supuesto peligro que conlleva, así como los payeses de la zona agrícola de Les Cinc Sènies, que muestran su preocupación porque cada vez se van “arañando más espacios agrarios”.
