Los niños ya no quieren jugar en la moderna plaza de la Coca de Mataró

Realizaron la inversión de sus vidas para adquirir una vivienda en una promoción de alto standing en el frente marítimo de Mataró. “Los pisos costaron hace tres años de 300.000 a 500.000 euros, invertíamos en un hogar idílico, que la constructora promocionaba como El Balcó del Maresme y que realmente era un lugar ideal”, cuenta Carmen (nombre ficticio por temor). Entre los modernos edificios, el Ayuntamiento creó la plaza de la Coca en honor a un exvoto marinero del siglo XV, e instaló zonas de ocio que eran la delicia de las familias. Abrieron nuevas tiendas, bares y restaurantes, gozosos de llegar a una zona “tranquila, con buen vecindario”, explica la propietaria de un bar próximo. Pero todo se truncó hace un año: llegaron grupos de delincuentes que se adueñaron de todos los espacios y sembraron el terror entre los residentes.

“Los niños ya no juegan en los columpios y los abuelos no toman el sol en los bancos, están aterrorizados”. La zona, en menos de un año, se ha convertido en un punto negro de inseguridad que hace inviable la convivencia vecinal, agravada por la ocupación ilegal de viviendas, robos en trasteros y todo tipo de delitos. “Se pinchan en los columpios”. Actitudes incívicas, rigurosamente documentadas fotográficamente por los afectados. Dañan el espacio público, defecan y orinan en la moqueta del parque infantil y si a alguien se le ocurre llamar la atención “es perseguido y agredido”.

“Tienes que ir con extremo cuidado hasta para tirar la basura”, explica Ernest, y más, añade, si eres mujer porque el grupo de marginales “persigue a las chicas, que huyen corriendo para refugiarse en los portales”. Esconden las dosis de droga en los árboles y “se te quedan mirando amenazantes, conscientes de nuestro miedo y su impunidad”.

Peor lo tienen otros vecinos como Lorena: “Tengo que salir a las cinco de la mañana para ir trabajar”. Intenta rodear la que llama “plaza del fentanilo” pero en las calles adyacentes, como Lepanto, “te acosan, te acorralan y piden tabaco y dinero”. Pero lo más grave es que “se vuelven muy agresivos si no les das lo que quieren”.

Un gran número de los individuos en situación de marginalidad recién llegados al asentamiento de la plaza de la Coca son clanes familiares procedentes de Badalona y Sant Adrià, expulsados de Sant Roc y la Mina, según los vecinos. Domina una matriarca que “te lanza improperios y conjuros con solo mirar el piso que ocupan”, e incluso “te manda a sus chicos a darte un escarmiento”, los mismos que “escupen y orinan desde los balcones”.

“No puede ser que Mataró sea la ciudad de acogida de toda esta gentuza”, claman los vecinos. “La ciudad se les escapa de las manos, primero fueron los barrios como Cerdanyola y Rocafonda, pero ahora ya hay problemas en toda la ciudad”, coinciden la mayoría de vecinos consultados. A todo esto, reprueban que “el Ayuntamiento silba y mira a otro lado”, ya que “están instalados en el buenismo”. La policía , “si viene”, se limita a pedir identificaciones y “se vuelve a marchar”.

Los vecinos han agotado la paciencia. Se han organizado por grupos en las redes sociales y preparan acciones de protesta. “Debemos luchar por lo nuestro porque los políticos no lo va an hacer”. Plantean reivindicaciones como cortar la carretera N-II .

Los residentes exigen un actuación contundente. “Solo cuando nuestro caso sale en el pleno aumentan las rondas policiales, pero es puro marketing”, lamentan. Precisamente, el grupo municipal de Vox, que mantuvo reuniones con una quincena de afectados, requirió a la tercera teniente de alcalde, de Mataró Segura, Núria Moreno, sobre lo que aseguran es “una bomba de relojería”.

“Es una problemática compleja”, respondió la edil, que detalló que en la plaza de la Coca se han realizado 74 vigilancias policiales y abierto 23 actas por incivismo. También ha aumentado la presencia de agentes cívicos y el “seguimiento de los indigentes”.

La concejal resumió que “aplicamos herramientas sostenidas en el tiempo para minimizar los problemas” y reconoce “no haber impuesto denuncias por el tipo de personas” que se localizan allí. El compromiso, pese a todo, es actuar con “constancia para redirigir la situación”