El Gobierno vasco asumirá con el cambio de año dos nuevas competencias, negociadas recientemente con el Ejecutivo central: la gestión de la actividad cinematográfica y audiovisual, y la de los procesos de acogida de migrantes beneficiarios de protección internacional. Además, el Gobierno del lehendakari Pradales asumirá desde el primer día del año la gestión de cinco líneas de Cercanías que no habían sido traspasadas hasta ahora y, desde el 1 de abril, asumirá la ordenación y gestión del litoral, otro de los traspasos cerrados durante las últimas semanas por ambos gobiernos.
Estos nuevos traspasos se enmarcan en la determinación del Ejecutivo vasco y, en particular, del partido que lo lidera, el PNV, por culminar en los próximos años el cumplimiento del Estatuto de Gernika, aprobado en 1979 y con alrededor de 25 competencias aún pendientes de traspaso.
Los jeltzales, uno de los apoyos indispensables para el Gobierno, recogieron como una de las prioridades del acuerdo de investidura, el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika “en el plazo improrrogable de dos años”.
La primera en la lista
La reclamación, en todo caso, viene de la anterior legislatura y en ese contexto se entiende que Euskadi haya sido la comunidad que más traspasos ha recibido desde que Pedro Sánchez accediese al poder en 2018. De hecho, la mitad de la treintena de traspasos que se han hecho efectivos en estos años se han cerrado con la Comunidad Autónoma Vasca, que si se suman estos tres últimos traspasos acumula ya 18 en estos seis años y medio. La siguiente comunidad en la lista es Catalunya, con cuatro.
La gestión de la actividad cinematográfica y audiovisual implica que el Gobierno vasco asumirá las funciones relativas a la gestión de las ayudas “para el fomento de la actividad divulgadora de la diversidad cultural, el desarrollo de proyectos audiovisuales y la promoción del audiovisual en euskera”.
Asimismo, Euskadi gestionará la “recaudación correspondiente de las contribuciones al Fondo de fomento de la cinematografía y el audiovisual en lenguas cooficiales distintas al castellano”.
En cuanto a la gestión de los procesos de acogida de migrantes beneficiarios de protección internacional, atañe a la denominada fase de autonomía, que dura seis meses. Durante ese periodo, el Gobierno vasco se deberá encargar de dar apoyo a los migrantes “para acceder a la formación para el empleo, les acompañará en la búsqueda de vivienda y les facilitará en actividades de inserción”. El Ejecutivo de Euskadi tiene previstas diferentes partidas presupuestarias que suman un total de 2,4 millones de euros.
Litoral y los próximos traspasos
Finalmente, la gestión y ordenación del litoral supone que el Gobierno vasco comenzará a “gestionar, otorgar y, en su caso, sancionar” cuestiones como “las autorizaciones en zonas de servidumbre de tránsito y acceso al mar de proyectos de urbanización, paseos y carriles-bici, o las concesiones para las construcciones de puentes, líneas eléctricas o de comunicaciones, embarcaderos, pantalanes o varaderos fijos”.
Tras estos traspasos, las competencias pendientes superan aún la veintena, y el Ejecutivo vasco prioriza la llegada en los próximos meses de las siguientes: autorizaciones de trabajo para personas extranjeras; salvamento marítimo; meteorología y el traspaso del Centro Nacional de Verificación de Maquinaría de Barakaldo.
Otras competencias
