Fiscalía ha abierto un expediente gubernativo para realizar un seguimiento y control de las playas tarraconenses, especialmente la de La Pineda, a raíz del archivo de la investigación de los derrames de pellets en septiembre del año pasado.
Entonces, el ministerio público argumentó que no se habían podido localizar el origen ni el momento en que se habían derramado los microplásticos.
Desde el archivo, el fiscal de Medio Ambiente se reúne trimestralmente con los Mossos d'Esquadra, la Guardia Civil y los Agentes Rurales para analizar muestras que recogen para crear una base de datos.
La fiscal jefe, María José Osuna, afirma que si logran localizar el origen de los vertidos, no descartan abrirán una nueva instrucción.
La fiscal jefe explica que las reuniones entre el fiscal de medio ambiente y los cuerpos policiales y de los rurales permitirán crear una base de datos para conocer en un futuro el posible impacto de los pellets en las playas de Tarragona, Salou y Vila-seca. Esta última es la playa que acumula el mayor número de pellets. “Quieren saber si cambia la composición y qué componentes tienen para hacer un estudio”, detalla Osuna. “Es un control que tiene un impacto de tipo administrativo, no penal, por ahora, pero nunca se sabe”, avisa Osuna.
De hecho, el archivo de la investigación en septiembre pasado se dio por no poder concretarse el origen de los derrames ni atribuir episodios concretos a las empresas inspeccionadas. Entonces, Fiscalía determinó que las investigaciones de los Mossos d'Esquadra, Guardia Civil y Agentes Rurales no permitieron detectar un vertido “con entidad suficiente” que supusiera un “comportamiento delictivo”.
“No teníamos datos suficientes para llegar a una conclusión, ahora, estamos controlando más para saber si a la larga tendremos datos suficientes para llegar a una conclusión del origen de estos pellets”, defiende Osuna.
En los encuentros trimestrales, se valoran los resultados de las muestras tomadas por los agentes. Aunque reconoce que se trata de un futurible, la fiscal jefe descarta que los datos recogidos permitan abrir una nueva investigación. “Si llegamos a la conclusión del origen y del impacto de los pellets, es evidente, que podría derivar en otra investigación”, subraya.
En este sentido, destaca que este control también puede contribuir a que las compañías de la industria química apliquen medidas preventivas. “Es importante el control porque las empresas del entorno, que pueden estar provocando este fenómeno, saben que los estamos controlando, y quizás, sólo con esto pueden tomar las medidas adecuadas para evitar que siga pasando”, sostiene.
Archivo de la investigación
El ministerio público comenzó a investigar los posibles derrames de pellets en las playas tarraconenses el 16 de enero de 2024 a raíz de los vertidos de estos microplásticos en varios puntos de la costa atlántica y cantábrica en diciembre de 2023. De hecho, incorporó a las nuevas diligencias de la investigación 2019, a pesar de que el juzgado de instrucción número 2 de Tarragona había archivado su instrucción.
Durante la segunda investigación, se inspeccionaron doce empresas: Katoen Natie, SK Primacor Europe SLU, Transformadora de Etileno AIE, Berry Global PGI Spain SLU, Ravago Plásticos SA, Polymers Service Logistics SA (Chemieuro), Schmidt Ibérica SA, Trap Química SA, Repsol Química SA, Elyx Polimers SL y Macresac SA.
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Por último, el ministerio público concluyó que no se había detectado un derrame “con entidad suficiente” que permitiera “intuir un comportamiento delictivo por parte de las empresas investigadas y otras personas o compañías no investigadas”. Entre sus conclusiones, también indicó que es complejo determinar la autoría y el grado de responsabilidad, ya que las empresas se encuentran en los polígonos industriales, donde muchas veces comparten sitio físico y sistemas de aguas fluviales.