El Il·lustre Col·legi d'Advocats de Tarragona (ICAT) ha reclamado a la Generalitat que use las competencias que tiene en materia ferroviaria para proteger a los usuarios.
Los abogados tarraconenses han propuesto un cambio en la normativa que regula las condiciones de uso del transporte y han planteado un sistema de indemnizaciones para cuando existen retrasos en los trenes.
Así, más allá de las devoluciones del precio del billete existente, proponen también unos recargos adicionales a la operadora por el prejuicio que sufren los ciudadanos, que ascendería hasta un 150% del valor del trayecto. Además, abren la puerta a que exista una penalización por reiteración, para las personas que sufren los retrasos frecuentemente.
El ICAT ha analizado “la red de Cercanías desde la perspectiva jurídica”, ha explicado el abogado Xavier Capilla. El letrado ha explicado que a nivel europeo existe una normativa básica y que desde 2010 la Generalitat tiene “plenas competencias” para establecer un reglamento que desarrolle las directrices europeas, “que son muy generales”.
”La regulación de los derechos de los usuarios está poco desarrollada. La Generalitat regula el servicio en base a condiciones de uso, y el problema es que no tienen un control democrático, como puede tener una ley o un reglamento”, especificó Capilla.
Por ello, reclamaron al Govern que desarrolle las herramientas que tiene a su alcance para “regular las condiciones del servicio”. “Renfe debería responsabilizarse de los daños que sufre el usuario”, aseveró. Asimismo, afirmó que el sistema actual de las 'devoluciones exprés' no es efectivo para los usuarios, ya que el viajero debe haber validado su billete en la estación de origen para poder reclamar y esto en muchas estaciones pequeñas no es posible porque o bien no hay máquinas o los revisores no dan abasto.
Por todo ello, el ICAT ha hecho su propuesta, que añade indemnizaciones a las devoluciones que ya ofrece Renfe. Así, por retrasos de entre 15 y 25 minutos, reclaman que la operadora pague un recargo del 25% sobre el precio del billete. Por retrasos de entre 25 y 35 minutos, la compensación subiría hasta el 50%; mientras que por demoras de entre 35 y 45 minutos Renfe debería pagar el 100% del precio del billete.
Por casos “graves” de más de 45 minutos o cancelaciones sin alternativas de transporte, la indemnización sería del 150%. Además, por casos de reiteración (más de cinco retrasos de más de 15 minutos cada mes) reclaman un abono mensual gratuito o una compensación adicional del 50% a las mencionadas anteriormente.
Entidad externa
Otra de las cuestiones analizadas por los abogados ha sido cómo los usuarios pueden reclamar estas molestias. “Cualquier sistema es ineficaz si no podemos demostrar la afectación. Proponemos que pueda haber una entidad que permita a los usuarios identificarse, decir qué problemas han tenido y reclamar”, apuntó Capilla.
La idea que han lanzado es que sea la Agencia Catalana de Consumo quien vehicule estos hechos. “Los usuarios deben poder reclamar todos los años que hayan sufrido, ya sea para llegar tarde al trabajo, al médico... cualquier cita perdida que cause un agravio económico o afectación psicológica”, sostuvo el abogado. Capilla ha añadido que la agencia “tiene conocimientos y recursos para asesorar a la Generalitat ya los ciudadanos” y ha lamentado que en el sistema actual sea el ciudadano “quien debe llamar a la puerta de Renfe”.
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Por todo ello, desde el ICAT han pedido reunirse con la consellera de Territori, Silvia Paneque, para trasladarle la propuesta, y han puesto el énfasis en que hace quince años que la Generalitat tiene unas competencias que no ha desarrollado. El decano de los letrados tarraconenses, David Rocamora, ha avanzado que trasladarán la propuesta a todos los partidos del Parlament ya Renfe. Paralelamente, ya se han puesto en contacto con las plataformas de usuarios, como Dignidad en las Vías, para vehicular la petición.
Observatorio
Esta propuesta del ICAT forma parte de la primera edición del Observatorio Sociedad y Derecho que han impulsado. “Queremos proponer soluciones que mejoren el entorno general”, desde el análisis de realidades que afecten a la ciudadanía y que los poderes públicos puedan mejorar, ha dicho Rocamora. Así, periódicamente expondrán distintas problemáticas y posibles soluciones que desde el derecho puedan mejorar la sociedad.