Afectados por la DANA se aúnan para denunciar la gestión y fiscalizar la reconstrucción

Primeros movimientos sociales

Vecinos y vecinas de Aldaia, Alfafar, Picanya o Catarroja empiezan a movilizarse para reclamar de manera colectiva que las ayudas económicas sean rápidas para sobrevivir en una situación económica asfixiante 

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Los trabajos de limpieza del barranco del Poyo, concretamente en el tramo comprendido entre los municipios valencianos de Paiporta y Picanya, comenzaron el miércoles 

Biel Aliño / EFE

El negocio de Vicent Carcelén, que lleva su mismo nombre y se dedica a la decoración, fue de los primeros que se anegó en Aldaia. Ahora, con más de 10.000 euros en deudas a proveedores, sin género, sin campaña de Navidad a la vista y sin casi saber qué hacer, Vicent es el portavoz de la Associació d'afectats d'Aldaia per la DANA. 

La integran unos 200 miembros que lo hacen de manera informal a través de un registro en la recién creada web porque no han dado de alta todavía a la entidad por evitarse una burocracia que ya les asfixia en el día a día. “Queremos asegurarnos de que lleguen las ayudas, sin tanto papeleo, directamente”, explica, y pone como ejemplo -como tantos otros afectados con los que este diario ha hablado- la ayuda de 8.000 euros de Mercadona. “Es la primera que llegó, sin tanto rollo”, añade. También recogen firmas y, en el momento de escribir estas líneas, son ya 2.069. 

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Queremos asegurarnos de que lleguen las ayudas, sin tanto papeleo, directamente"

Vicent CarcelénAssociació d'afectats d'Aldaia per la DANA

¿El objetivo? Es triple: quieren plataformas o “mecanismos” donde se puedan valorar los daños y recibir ayudas inmediatas, exigir responsabilidades -aunque desde una posición “apolítica”, defienden- y, en clave de infraestructuras, solicitar la desviación del barranco del Poyo. “Queremos que se hagan todas las obras que estaban en un cajón del Ministerio, que costaban 75 millones y que ahora van a contar miles de millones”, añade. 

Vigilante de la reconstrucción estará también la nueva entidad que se presentó este miércoles en Picanya, la Agrupación Ciudadana Tots a una Veu de l'Horta Sud, de la que ya forman parte un millar de afectados. Su portavoz Fernando Catalán habla de dos fijaciones: infraestructuras y protocolo. “En principio no contemplamos acciones legales, pensamos que habrá otras entidades que lo quieran hacer, pero nosotros queremos perseguir que se haga lo que se tiene que hacer y que haya un protocolo que haga que el sistema funcione”, argumenta. Sí que barruntan una posible Iniciativa Legislativa Popular, aún sin propuesta en firme, que ampare sus demandas, centradas en que la reconstrucción se cumpla porque “las obras a largo plazo se han de seguir día a día”, defiende. 

Las obras a largo plazo se han de seguir día a día, en eso estaremos"

Fernando CatalánAgrupación Ciudadana Tots a una Veu de l'Horta Sud

A sus iniciativas se unen las creadas en Alfafar, donde ha nacido también la Asociación Damnificados por la DANA 2024 Alfafar/Horta Sur, que sí que apunta a “dirimir responsabilidades” ante la justicia, llevando a las autoridades responsables de la gestión de la emergencia por lo que consideran una “ineficaz respuesta durante y después de la catástrofe”. 

También procurarán protección y defensa jurídica ante los daños personales y materiales que dejó la riada; defensa ante las empresas de seguro -de las que las mismas fuentes explican no haber cobrado aún- los intereses de los damnificados; y ofrecer visibilidad al colectivo de afectados, así como colaborar con otras asociaciones. 

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En el imaginario colectivo, pesa el lento camino que recorrieron los 33.000 damnificados de la pantanà de Tous para recompensar las enormes pérdidas que sufrieron en 1982 por la inundación que anegó toda la Ribera Alta. En aquel tiempo hubo dos asociaciones, Afiva y Apemeda (disueltas recientemente) que pelearon en los tribunales en un largo camino que acabó en 1997, cuando el Tribunal Supremo declaró la responsabilidad patrimonial directa del Estado por funcionamiento “anormal” del servicio público en las actuaciones. No todos se mantuvieron firmes en su acusación y muchos afectados pactaron con el Ejecutivo a cambio de que renunciaran a la vía judicial. Como entonces, y como ahora, la asfixia económica marcaba el paso de quienes lo habían perdido todo. 

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