La batalla de los horarios nocturnos en la zona de ocio del centro de Alicante no ha concluido. El Tribunal Superior de Justicia ha estimado los recursos del Ayuntamiento, la Asociación de Locales de Ocio y Restauración (Alroa) y varios empresarios del sector contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso número 3 que obligaba a implantar límites al ruido en la conocida ruta del tardeo, la peatonal calle Castaños.
En esa sentencia se amparó el consistorio para declarar la zona como Zona Acústica Saturada (ZAS), con las consiguientes limitaciones que fueron muy contestadas por los hosteleros, una guerra contra el ruido, tras muchos años de quejas infructuosas del vecindario, que encontró gran eco incluso en la prensa británica.
La paradoja es que el Ayuntamiento ha ganado un recurso que, teóricamente, forzó al equipo de gobierno a aplicar una medida que, sin embargo, pretende ahora mantener
La paradoja es que el Ayuntamiento ha ganado un recurso que, teóricamente, forzó al equipo de gobierno a aplicar una medida que, sin embargo, pretende ahora mantener a toda costa, según ha declarado el propio alcalde, Luis Barcala, al conocer el fallo.
Porque en un intento de aplacar el malestar de los vecinos no solo de Castaños, sino de un Casco Antiguo y un Centro Tradicional donde el ambiente nocturno ha crecido de forma significativa en los últimos años, se han aprobado restricciones horarias y límites a las terrazas para los establecimientos de ocio y hostelería. “Sencillamente tratamos de conciliar los intereses de residentes y vecinos con los del ocio”, dijo ayer Barcala, antes de recordar que está abierto el periodo de alegaciones a las ZAS --previo a su aprobación definitiva- para quien “no comparta” las medidas que se han planteado.
Ahora nadie está del todo satisfecho. Los vecinos, porque el TSJ ha tumbado la sentencia que les daba la razón, y no porque los magistrados discutan el fondo del asunto, sino por considerar que quienes presentaron la demanda no tenían legitimidad para hacerlo al no ser vecinos directamente afectados por los hechos denunciados.
Turistas en los restaurantes de la calle Mayor de Alicante, donde también se han aplicado límites a los locales de restauración.
Y los hosteleros ya estudian adoptar medidas legales contra las restricciones y ayer exigieron explicaciones al alcalde y a su portavoz Manuel Villar: “¿Por qué se anticiparon a las medidas cuando ellos mismos eran recurrentes contra la sentencia del juzgado? ¿Por qué establecieron una ZAS sin el procedimiento completo y solo circunscrito a determinadas calles, y no aplicadas para la defensa del conjunto de la ciudadanía? ¿Por qué la pasividad de años anteriores y las prisas de los últimos meses?”, afirman en un comunicado.
Los hosteleros representados por la asociación que recurrió, Alroa, acusan al equipo de gobierno municipal de “ausencia de transparencia y favoritismo manifestado con sus actuaciones sobre unas zonas de la ciudad frente a otras”, y piden explicaciones a Barcala por referirse a la concentración del ocio en la calle Castaños mientras “se permite que se violen los precintos de locales que operan sin licencia en otras áreas de la ciudad”.
Los hosteleros acusan al Ayuntamiento de “favoritismo de unas zonas de la ciudad frente a otras”
“El Ayuntamiento de Alicante lleva meses mintiendo a los vecinos y al sector empresarial. La sentencia del alto tribunal confirma que no era cierto que el equipo de gobierno estaba obligado a aplicar una ZAS acotada a calles concretas y contra negocios determinados. Otros intereses tenían por delante”, aseguran la asociación que representa a los restaurantes y bares de la zona.
Para los empresarios afectados por las medidas impuestas por el Ayuntamiento, el fallo del TSJ elimina los argumentos de la última ZAS, que califican como “una decisión precipitada, sin justificación, no pactada con el sector, que ha generado un daño en imagen y ha perjudicado a la zona sobre la que se impuso, dejando entrever que sus prisas tenían otros objetivos, ajenos al bienestar de los vecinos y contrarios a los intereses de los locales de las calles afectadas”. Para los hosteleros, lo normal hubiera sido esperar al fallo definitivo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana antes de precipitarse en una ZAS “perjudicial para la ciudad y para el sector de ocio y la restauración”.