La Generalitat Valenciana, a través de su equipo jurídico, se personará en la instrucción judicial contra Francis Puig, hermano del expresident valenciano como supuesto autor de los delitos de estafa y falsedad documental por el cobro presuntamente irregular de subvenciones de la administración autonómica para fomentar el valenciano. En la causa está también procesado el empresario Juan Enrique Adell. Ambos son administradores de Comunicacions dels Ports SA y Canal Maestrat SL.
La instrucción intenta averiguar si hubo irregularidades en la recepción y gestión de subvenciones de la administración regional para el fomento del valenciano en medios de comunicación que percibieron ambas empresas y una tercera, Mas Mut Produccions SL (administrada también por el primero de ellos) entre los años 2015 y 2018. Según informó el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana, el magistrado considera, a partir de la instrucción llevada a cabo, que los hechos podrían ser constitutivos de delitos de estafa y falsedad documental.
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No obstante, la resolución descarta expresamente la comisión del delito de fraude en las subvenciones porque la cantidad supuestamente percibida de forma indebida por los investigados y sus sociedades, en torno a unos 67.500 euros, no alcanza la cuantía de 120.000 euros que requería el tipo penal vigente en el momento de los hechos.
El escrito detalla los indicios que apuntan al uso por parte de los investigados de «facturas falsas, sociedades instrumentales, domicilios ficticios o actividades no relacionadas con las subvenciones para obtenerlas».