Doce personas, entre ellos el actual alcalde de Llíber (Alicante), José Juan Reus (PP), su predecesor José Mas (PP), exconcejales de PP y PSOE, promotores inmobiliarios y funcionarios municipales, serán juzgados a partir de este martes por presuntas irregularidades en la construcción de 292 chalés en suelo no urbanizable entre 1999 y 2003. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha fijado siete jornadas de vista oral hasta el 21 de mayo en la Audiencia Provincial de Alicante.
La Fiscalía acusa a los implicados de delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación, cohecho, falsedad documental y negociaciones prohibidas a funcionarios. Según el ministerio público, los acusados permitieron la construcción ilegal de viviendas en terrenos rústicos, vendiéndolas a compradores extranjeros –en su mayoría– sin posibilidad de legalizarlas. Las penas solicitadas oscilan entre 15 meses y 7 años de prisión, además de multas e inhabilitación para cargos públicos.
La Fiscalía pide hasta 7 años de cárcel por un caso de corrupción urbanística que engañó a compradores extranjeros
La acusación señala que cinco promotores y el arquitecto municipal diseñaron un sistema para dar “apariencia de legalidad” a las construcciones. El arquitecto habría redactado informes falsos que presentaban las obras como “rehabilitaciones” de almacenes, cuando en realidad se trataba de chalés nuevos en suelo no urbanizable. A cambio, cobró por estos informes fraudulentos, según la Fiscalía.
Uno de los promotores habría sobornado al entonces alcalde, José Mas, con un vehículo Mercedes, 10.000 euros por autorizar un tendido eléctrico y 3.000 euros por cada licencia concedida. Por estos hechos, el fiscal pide 6 años de cárcel para Mas y 8 años de inhabilitación para el actual alcalde, Reus, quien en aquel entonces era concejal.
Muchas de las viviendas fueron adquiridas por ciudadanos europeos –principalmente británicos y alemanes– por más de 150.000 euros, sin que pudieran legalizarlas posteriormente. La secretaria municipal también está imputada por no alertar sobre la ilegalidad de los permisos.
El caso, que lleva 16 años en investigación, refleja los excesos de la burbuja inmobiliaria en la Costa Blanca, donde numerosos municipios aprovecharon la demanda de vivienda por parte de extranjeros para urbanizar terrenos protegidos. Ahora, el juicio determinará las responsabilidades penales de quienes facilitaron este fraude masivo.
Este proceso judicial podría tener repercusiones en el PP y el PSOE de la zona, cuyos exrepresentantes están en el banquillo. Mientras, los afectados siguen a la espera de una solución para regularizar sus propiedades, muchas de las cuales podrían enfrentar derribos si se confirma la sentencia condenatoria.
El juicio se enmarca en una serie de casos de corrupción urbanística que han salpicado a la Comunidad Valenciana en las últimas décadas, con tramas similares en municipios como Benidorm, Torrevieja y Marbella.