Resulta difícil entender —o quizá no— que una Conferencia de Presidentes, convocada por Pedro Sánchez en teoría para abordar los grandes desafíos territoriales de España, vuelva a eludir deliberadamente el problema estructural de la financiación autonómica. Una omisión que no es casual, sino sintomática de la miopía crónica de un Gobierno, y de un Estado, que prefiere ignorar los graves desequilibrios que en materia de financiación se han consolidado con gobiernos del PSOE y del PP. Y mientras el Ejecutivo español esquiva el debate, comunidades como la valenciana —condenada a ser periferia muda— cargan con el peso de una deuda abultada, una infrafinanciación histórica que, de facto, la inhabilita para la autonomía política (Ximo Puig lo denunció no pocas veces) y que ahoraafronta los costes de reconstrucción tras la dana.
Foto de familia de la XXVII Conferencia de Presidentes, en Santander, el pasado mes de diciembre
La Comunidad Valenciana es el ejemplo más claro de un sistema financiero injusto y dañino, modulado por un estado jacobino con la complicidad de ciertas periferias cuyos intereses no responden a la solidaridad interterritorial. La valenciana lleva décadas sufriendo un déficit crónico de inversión, asfixiada por un modelo que la castiga por su insuficiencia fiscal y la condena a una deuda insostenible, de más de 60.000 millones de euros. Según datos oficiales, Valencia es una de las regiones más infradotadas en financiación por habitante ajustado, pero en lugar de corregirse, la brecha se agrava, provocando un descenso paulatino de PIB per cápita en comparación con el resto de España: es un 14% inferior a la media nacional y casi la mitad del de Madrid. A esto se suma ahora la factura de la reconstrucción tras los devastadores efectos de la dana, un golpe más a una economía ya debilitada. Sin embargo, pese a la urgencia, esta Conferencia no abordará la financiación, ni soluciones paliativas temporales y, para colmo, el debate de la quita de una parte de la deuda está paralizado, en parte por la negativa de las autonomías gobernadas por el PP.
Pero no se trata solo de emergencias puntuales, sino de un problema sistémico: el Estado sigue sin cumplir su promesa de revisar el modelo de financiación (caducado desde 2014), mientras comunidades como la valenciana se ven obligadas a endeudarse, vía Fondo de Liquidez Autonómica, aún más para cubrir servicios básicos. La solución no puede esperar a una reforma global que incluso ha desaparecido del debate político español. Urge, al menos, un fondo de compensación transitorio que palie el déficit acumulado y garantice recursos suficientes para afrontar tanto la reconstrucción como las necesidades cotidianas de una población que ya ha pagado demasiado por su lejanía del poder.
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Caso aparte es la manera en la que los partidos valencianos plantean el debate. Carlos Mazón denuncia esta infrafinanciación y exige un fondo de nivelación, pero al tiempo recorta impuestos a los que más patrimonio tienen, e incluso a grandes compañías eléctricas, lo que no parece coherente en alguien que exige que la “solidaridad” del resto de los españoles alcance a los valencianos. Menos aún parece comprensible su negativa a abordar una quita de la deuda. El PSPV ha abandonado su relato de la última década y responde, cual modelo sucursalista, a lo que plantea el Gobierno, en un giro de 180 grados respecto a lo que planteaba Ximo Puig, que siempre fue abanderado de esta reivindicación. De Vox no se espera nada, en lógica, y están encantados con lo que hace el Gobierno. Y Compromís plantea la exigencia pero al tiempo mantiene su apoyo al mismo Gobierno que se lo niega. Con el lamentable añadido de que la unidad de la Plataforma pel Finançament Just ya no existe.
La indiferencia del Estado hacia la financiación autonómica es un acto de injusticia territorial que acabará generando nuevos y graves malestares”
La indiferencia del Estado hacia la financiación autonómica es un acto de injusticia territorial que acabará generando nuevos y graves malestares. Mientras el Gobierno central prioriza otros debates, las voces de las periferias —especialmente la valenciana— siguen sin ser oídas. Y así, una vez más, se confirma que en España hay periferias que intervienen en el tablero político nacional y otras que, desde la más absoluta impotencia, solo observan, como la valenciana; no me cansaré de decirlo, son las periferias mudas. La Comunidad Valenciana emerge así como símbolo de un Estado compuesto cada vez más descompuesto y desequilibrado, realidad que acabará generando nuevos y graves malestares. Para impotencia de “algunos” valencianos.
