La comisión de investigación de la dana en las Corts Valencianes apenas se ha reunido para constituirse como tal y para aprobar el plan de trabajo. Han pasado más de siete meses de la trágica riada del 29 de octubre y sus señorías aún no tienen ni un calendario para sentarse y empezar su tarea fiscalizadora. Este viernes se reunirá la mesa de la comisión, después de que en su último encuentro se acordara pedir a la Conselleria de Justicia un listado con los nombres de las asociaciones de víctimas y damnificados de la dana con el objetivo de cursarles una invitación para comparecer. Una cuestión que podría empezar a desenredarse hoy dado que las asociaciones no quieren reunirse con el presidente Carlos Mazón hasta que no ser invitadas en la cámara autonómica.
Lo cierto es que entre peticiones de documentación, resolución de dudas jurídicas planteadas y, sobre todo, el poco interés en arrancar las sesiones de los que tienen mayoría parlamentaria, la comisión no acaba de arrancar. Su última reunión al completo fue el pasado 5 de mayo.
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Tampoco parece que una vez empiecen, los trabajos vayan a servir para disipar muchas dudas. El Gobierno ya ha respondido a las Corts Valencianes que no entregará la documentación requerida al entender que el cámara encargada del control político del Ejecutivo y del sector público estatal son las Cortes Generales, como así indica la jurisprudencia.
La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, aseguraba que eso no significa que no se dé la información, sino que esta se dará cuando se solicite por parte del Congreso (donde la izquierda tiene mayoría) o el Senado (donde el PP tiene la absoluta). Bernabé insistía ayer en que los grupos parlamentarios pueden compartir esa información con los partidos de las Corts, argumento que no convencía a Vox.
No parece que los ministros ni los responsables estatales vayan a acudir a la comisión de las Corts
De hecho, esta línea es la que sostuvo el PSPV para no citar en su plan de trabajo a miembros del Gobierno central. Finalmente, en la hoja de ruta aprobada por PP y Vox si que está prevista la presencia de 24 responsables del Gobierno y de diferentes agencias estatales -entre ellos el presidente del Ejecutivo, cinco ministros y la delegada del Gobierno-. Todo indica que ninguno de ellos acudirá acogiéndose a la misma argumentación.
Una circunstancia que dejará coja la comisión más aún cuando los dos partidos con mayoría en el Hemiciclo autonómico han enfocado el plan de trabajo para desviar la responsabilidad de lo ocurrido en el Ejecutivo central. De hecho, se hacen 94 solicitudes de información al Gobierno y organismos estatales por solo 27 peticiones a la Generalitat Valenciana. Unas peticiones a la Administración General del Estado y al sector público estatal que, como quedó claro ayer, no se enviarán al Parlamento autonómico para su fiscalización.
Las peticiones del PP y Vox tampoco servirán para esclarecer los movimientos de Mazón el 29-O
Por el contrario, esta comisión tampoco servirá para conocer qué hizo el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, el día de la dana. Aunque sí que está pedida su comparecencia, PP y Vox han optado por no pedir documentación que pueda dar certezas (facturas, trayectos, comparecencias de escoltas o incluso el dueño de El Ventorrro) sobre los movimientos del presidente auqella fatídica tarde.
Solo se ha pedido “un listado con las llamadas telefónicas realizadas por Carlos Mazón el 29 de octubre de 2024” que se puede solucionar con la misma respuesta parlamentaría que se le dio en su día desde Presidencia al PSPV: la compañía prestataria de los servicios de telefonía de la Generalitat no dispone de datos individualizados y el presidente no tiene teléfono personal.
