Lambda, col·lectiu LGTB+ per la diversitat sexual, de gènere i familiar, ha presentado una denuncia penal contra el director general de Diversidad de la Generalitat, Stephane Soriano, por considerar que habría incurrido presuntamente en tres delitos de revelación de secretos y dos de prevaricación.
En concreto, se denuncian tres presuntos delitos de revelación de secretos por varias declaraciones hechas por Soriano en tres medios de comunicación sobre expedientes administrativos “que no eran aún conocidos por la propia entidad”, han señalado este lunes desde el colectivo.
En esas declaraciones, Soriano se refiere a posibles irregularidades en subvenciones concedidas a Lambda y por un posible despido con cargo a una subvención, según las mismas fuentes.
Lee tambiénUn Orgullo “más necesario que nunca” llama a la resistencia en Valencia “ante los retrocesos en derechos LGTBIAQ+”
La entidad apela al artículo 417 del Código Penal, según el cual “la autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados, incurrirá en la pena de multa de doce a dieciocho meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años”.
Por su parte, la Generalitat Valenciana ha acusado este lunes a Lambda de intentar boicotear el día del Orgullo y de no entender que “el colectivo LGTBIQ+ no tiene color político, que no debe ser utilizado políticamente ni patrimonializado”, han señalado desde el entorno del director general de Diversidad de la Generalitat, Stephane Soriano. Ante esta denuncia, fuentes del entorno de Soriano han lamentado que las críticas hacia el Consell se basan en bulos contra una administración que “en dos años ha impulsado importantes medidas para impulsar la diversidad los 365 días del año”.
Así, se han referido a un aumento del 20 % del presupuesto destinado a diversidad, del 50 % en las ayudas a entidades sociales que fomentan la diversidad y un mayor control del dinero público, “que ha permitido recuperar más de 700.000 euros”.
Lee tambiénManifestantes se movilizan frente a la Embajada de Hungría para exigir a Europa la defensa firme de los derechos LGTBI+
Lambda, en su denuncia, sostiene que “si el director general hubiese hablado del contenido de dicha resolución una vez firme, esta denuncia no se habría puesto, por tratarse de información pública”, ha explicado el coordinador general de Lambda, Fran Fernández.
Sin embargo, ha precisado, “hizo públicos datos que no lo eran ni venían acompañados de resolución firme, y que fueron emitidos desde una posición institucional con capacidad de generar efecto público inmediato y duradero en nuestra contra y que, además, se han demostrado falsos o inexactos”.
Además, ha desatacado que las declaraciones del director general se produjeron solo cinco días después de que Lambda denunciara públicamente “injerencias, amenazas y malas formas por parte de la administración autonómica en la gestión” de los actos del Orgullo.
En este sentido, desde el colectivo consideran que las palabras y revelaciones de Soriano “han generado un perjuicio reputacional grave y sostenido en el tiempo a la entidad”.
En cuanto a la presunta prevaricación, Lambda ha denunciado dos delitos conforme al artículo 404 del Código Penal, que dice que “la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de nueve a quince años”.
Ha asegurado que una empresa externa elegida por la administración auditó dos expedientes económicos del servicio Orienta, y en ambos casos, las auditorías se resolvieron de forma favorable a la entidad, y con posterioridad, la propia Generalitat revisó toda la documentación y propuso un acuerdo de reintegro inferior al 1 %.
“Hasta aquí todo era normal pero justo antes de formalizar el acuerdo de pago, el director general firmó dos ampliaciones unilaterales en las que aumentaba un 150 % las cantidades reclamadas”, ha denunciado el coordinador de Lambda.
Según el colectivo, no existe “ningún informe técnico ni jurídico que motive o sustente tales ampliaciones”, tal y como, según ha dicho, exige el artículo 35.1 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común, y tal y como recogen en la documentación presentada.
Además, añade, “la arbitrariedad de la resolución queda probada también por el hecho de que, tras las alegaciones interpuestas por la entidad, la administración ha retornado los importes a su valor inicial”.
“La falta de fundamento de la ampliación” y que se repita “simultáneamente en dos expedientes distintos de Lambda abunda en el hecho de que fue una decisión arbitraria, y lo que se perseguía era perjudicar” a la entidad, aseguran.
“Lambda, como entidad social sin ánimo de lucro, depende del buen nombre y la confianza institucional y social y las insinuaciones de mala praxis, difundidas sin base alguna y por parte de un cargo público, suponen un daño real y directo tanto en nuestro trabajo diario como a nuestra reputación”, ha lamentado Soriano.