Diez meses después de la DANA que provocó la muerte de 228 personas en Valencia, siguen existiendo muchas preguntas sin respuesta sobre la gestión de Emergencias realizada por la Generalitat Valenciana el pasado 29 de octubre, así como sobre la coordinación de la AEMET y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) con el ejecutivo autonómico. Y quedan por resolver multitud de reparaciones (en ascensores, alcantarillado, viviendas, por ejemplo) y no se ha actuado para evitar que, en caso de una tromba de agua similar, se repitan los mismos daños en las mismas poblaciones. A decir verdad, todas las obras ejecutadas se han dirigido a reparar los daños ocasionados en carreteras, bajos, garajes e instalaciones municipales (piscinas, polideportivos, etc.), pero no se ha diseñado ninguna nueva infraestructura capaz de mitigar, en la medida de lo posible, los efectos de una nueva gota fría. Y lo que es peor: no se ha ensayado ningún protocolo nuevo para alertar a la población ni se ha activado un plan formativo para que los ciudadanos sepan cómo actuar ante grandes desastres naturales, agravados por el cambio climático.
Estado de un parque infantil en Catarroja al día siguiente de la dana
Diez meses después, la Generalitat Valenciana y el Gobierno central siguen sin colaborar en las labores de reconstrucción. No existe ningún organismo ad hoc de coordinación, a modo de comisión mixta, y hasta el momento no se han unificado esfuerzos humanos, técnicos o económicos. Sirva como ejemplo que Pedro Sánchez y Carlos Mazón no se han reunido ni una sola vez con el objetivo de establecer complicidades para ayudar a los valencianos. Otro más: el vicepresidente valenciano para la reconstrucción, Francisco José Gan Pampols, ha diseñado un plan denominado “Endavant” que no ha sido consultado con el Gobierno, a pesar de que es el ejecutivo español el que en teoría debe sufragar la mitad del presupuesto. En este tiempo, y a pesar de su amistad, ha sido imposible establecer una coordinación entre Pampols y el comisionado del Gobierno, José María Ángel, quien dimitió hace unas semanas a causa de la polémica sobre su currículum. La nueva comisionada, Zulima Pérez, dijo ayer en la Cadena SER que estaba predispuesta a “colaborar” con la Generalitat; ya veremos. Muy al contrario, cada administración persiste en la defensa de “sus” gestiones, criticando, en paralelo, las acciones de la otra. Durante estos diez meses, el criterio partidista se ha impuesto al institucional, generando no poco malestar entre los valencianos de las zonas afectadas.
Diez meses después, la Generalitat y el Gobierno siguen sin colaborar en las labores de reconstrucción. No existe ningún organismo ad hoc de coordinación para unificar esfuerzos humanos, técnicos o económicos”
Diez meses después, Carlos Mazón sigue sin recibir a las tres principales asociaciones de víctimas y afectados: l'Associació de Víctimes Mortals 29-O, l'Associació de Damnificats per la DANA Horta Sud y l'Associació de Víctimes per la DANA 29-O. Sí ha acogido a alguna asociación (Tots a una veu o SOS Desapareguts) y a víctimas individuales, pero ninguna de las tres principales se ha reunido aún con el president valenciano. Desde el Palau explican que la puerta está abierta, pero pasan los días, las semanas y los meses, y aquellos que perdieron a sus seres queridos no se han visto cara a cara con el jefe del Consell. Tampoco Carlos Mazón ha realizado un recorrido exhaustivo por las zonas devastadas, más allá de visitas acotadas. Las asociaciones han lamentado, y mucho, que el PP y Vox tardaran en convocarlas para la comisión de investigación de Les Corts Valencianes. Cada día 29 de mes, como hoy, se convocan movilizaciones para pedir la dimisión de Mazón.
Diez meses después, está en marcha una instrucción judicial a cargo de una jueza de Catarroja que investiga la hipótesis de que se alertó tarde y mal a la población, lo que fue determinante para que la cifra de muertos fuera tan elevada. De momento, los únicos imputados son la exconsellera Salomé Pradas y su exnúmero dos, Emilio Argüeso. Ambos han descartado totalmente la participación de Carlos Mazón en el diseño y lanzamiento de la ES-Alert; declaración que coincide con la que realizó a la instructora el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó. En las próximas semanas se espera la declaración de dos testigos clave: el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, y el exinspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, José Miguel Basset. Pradas, Argüeso y Mompó han desviado toda la responsabilidad hacia estos dos funcionarios. La instrucción puede prolongarse mucho tiempo y no se pueden descartar nuevas imputaciones.
Diez meses después, la oposición del PSPV y Compromís sigue preguntando reiteradamente qué hizo el president valenciano aquella jornada tras su comida con una periodista y su posterior llegada al CECOPI, casi a las 20:30 de la tarde. Mazón siempre ha defendido que estuvo activo en el Palau de la Generalitat, pero la única prueba aportada es la de su llegada al centro de Emergencias tiempo después de haberse lanzado la alerta a la población. En paralelo, la Generalitat sigue cuestionando el papel que ese día desarrollaron los responsables de la CHJ y de la AEMET, así como la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. Diez meses después, la fractura entre los dos grandes partidos valencianos es más profunda, mientras las encuestas son cada vez más favorables a Vox, formación que sostiene con sus votos la estabilidad del ejecutivo valenciano. Esta es, en general, la situación valenciana tras la DANA, diez meses después.
