La ciudad de València, pero también su provincia, necesita “más suelo urbanizable y de carácter finalista”, pues tiene una previsión de déficit de más de 130.000 viviendas hasta 2030. Es el principal mensaje que ha defendido este martes Cámara Valencia en la presentación de un informe de vivienda elaborado por su comisión de proyectos estratégicos y desarrollo que pone, de nuevo, el foco en el principal problema de la ciudad, la escasez de vivienda y sus elevados precios. “Ya están agotadas las bolsas de suelo que se crearon hace unos años y además los trámites para crear nueva vivienda son lentos”, ha resumido el arquitecto Alejandro Escribano, miembro de la comisión y autor del PGOU de València del año 1988.
“Tenemos un problema y estamos abiertos a solucionarlo”, ha asegurado José Vicente Morata, presidente de Cámara Valencia, que la semana pasada se reunía con la vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, y el secretario autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández, junto a empresarios del sector de la construcción, arquitectos y promotores para analizar posibles medidas que ayuden a paliar el problema. “La situación actual exige decisiones valientes, coordinación entre administraciones y un nuevo pacto público-privado para hacer frente a un reto que no solo afecta a las familias, sino también al desarrollo económico sostenible de nuestra provincia”, ha subrayado Morata.
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El estudio de la Cámara analiza los factores de demanda, pero también los de oferta, apunta a un estancamiento de la construcción de viviendas que bebe del estallido de la burbuja -entre 2007 y 2013 la construcción descendió un 98%- y apunta que en los últimos cinco años solo se han construido 23.911 viviendas. Todo, en un contexto de economía en crecimiento, con un aumento importante de la población y, por tanto, de la demanda. Concluye, de hecho, el informe que el crecimiento de la población extranjera también es uno de los factores que tensionan el mercado: desde 2018 la compra de viviendas por extanjeros se ha incrementado un 39% en la provincia de Valencia.
Asimismo, diagnostica que el auge del turismo y de las plataformas de “hospedaje colaborativo”, como tilda el informe, inciden en el nuevo escenario del mercado inmobiliario, aunque Escribano ha destacado que “entender que las viviendas turísticas son la causa de la situación actual es distraer el foco. Pensar que es el problema es equivocarse”.
Entender que las viviendas turísticas son la causa de la situación actual es distraer el foco”
Sí que indica el estudio que en algunas demarcaciones territoriales se está impulsando la conversión de viviendas en alojamientos turísticos, “lo que podría reducir la oferta de vivienda de uso residencial e incrementar el coste de los alquileres”. Curiosamente, también ayer la Asociación de Inmobiliarias de la Comunidad Valenciana (ASICVAL) alertaba de que muchas de las viviendas turísticas que se han dado de baja del registro se están incorporando al mercado del alquiler residencial en la modalidad de piso compartido.
Juan Cámara, José Vicente Morata y José María Tomás, en la presentación este martes del informe de la vivienda
En este sentido, la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, ha acusado este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de “demonizar el sector turístico” y “anunciar medidas electoralistas, pero de dudosa viabilidad”, cuando, el pasado domingo, aseguró que se darían de baja 53.000 “viviendas ilegales” de uso turístico, 7.499 de ellas en la Comunitat Valenciana, para “convertirlas al régimen de alquiler permanente. Se trata de un ataque inaudito contra la propiedad privada. ¿Cómo va a obligar el Gobierno al propietario de un inmueble a que haga lo que él quiera?”, se ha preguntado Cano.
Cano explica cómo el gobierno valenciano ha avanzado en la depuración del registro autonómico de viviendas turísticas, “que con Gobiernos anteriores se había dejado crecer hasta superar los 100.000 pisos”, y cifra en más de 18.000 las viviendas inscritas que no contaban con la documentación esencial y a las que ahora se ha dado de baja. Para Cano, el Gobierno lleva años utilizando el turismo como chivo expiatorio de sus problemas: “El presidente prometió el año pasado crear 43.000 viviendas de alquiler asequible y, a día de hoy, lo único que sabemos es que cada vez hay más pisos vacíos porque los propietarios no quieren arrendarlos por inseguridad jurídica”.
