La Comunitat Valenciana vuelve a encabezar un ranking que ningún territorio desea liderar: el de la deuda pública en relación a su Producto Interior Bruto (PIB). Según los últimos datos del Banco de España, la región cerró el segundo trimestre de 2025 con un pasivo de 60.696 millones de euros, equivalente al 39,9% de su PIB. Ninguna otra comunidad soporta una carga tan pesada en proporción a su riqueza. En términos absolutos, solo Catalunya (90.700 millones) la supera, pero la presión relativa que soporta la economía valenciana no tiene comparación en el mapa autonómico español.
Tras ella se sitúan Murcia (30,2 % del PIB), Catalunya (29,5 %) y Castilla-La Mancha (28,5 %). En el extremo contrario, País Vasco, Navarra y Canarias apenas rondan el 11%. La fotografía es inequívoca: la Comunitat Valenciana es el epicentro de un problema que desborda ya lo coyuntural y se ha convertido en estructural.
La Comunitat Valenciana es el epicentro de un problema que desborda ya lo coyuntural y se ha convertido en estructural
¿Cómo se ha llegado hasta aquí? La respuesta se resume en una palabra que desde hace años se repite en el discurso político, académico y social valenciano: infrafinanciación. La Comunitat Valenciana recibe del Estado menos recursos por habitante que la media española. Esa brecha, consolidada en los sucesivos sistemas de financiación, obliga a la Generalitat a cubrir con deuda lo que otras comunidades obtienen mediante transferencias ordinarias.
El resultado ha sido un círculo vicioso. Desde 2012, el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) proporcionó oxígeno a corto plazo, pero al precio de incrementar todavía más la deuda estructural. El mecanismo se convirtió en el principal canal de financiación, y con ello la Generalitat se hundió en un pozo del que hoy parece difícil salir sin una reforma profunda.
Mapa de la deuda relativa de las autonomías en relación al PIB
El Gobierno central, consciente de la presión que soportan las autonomías, ha planteado una condonación parcial de la deuda. El plan, nacido del pacto de investidura con ERC, prevé aliviar en más de 83.000 millones de euros al conjunto de comunidades de régimen común. Para la Comunitat Valenciana, la cifra rondaría los 11.200 millones de euros, cerca de un 20% de su deuda.
Sin embargo, lo que debería ser un balón de oxígeno se ha convertido en un motivo más de malestar. El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón (PP), reconoce la necesidad de aceptar la medida, pero la tacha de “injusta” e “insuficiente”. El argumento es claro: el cálculo ignora la infrafinanciación como causa principal del endeudamiento. Según un comité de expertos de las Corts Valencianes, la condonación adecuada debería elevarse hasta los 17.800 millones, muy lejos de los 11.200 propuestos.
La comparación con otras autonomías alimenta el malestar
La comparación con otras autonomías alimenta el malestar. Andalucía, con una deuda menor tanto en términos absolutos como relativos, verá perdonados 18.791 millones; Catalunya, 17.104 millones. Entre ambas concentran más del 43% del total. La Comunitat Valenciana, con el peor ratio de deuda sobre PIB, apenas recibirá un 18,4% de condonación, frente a una media del 29,6% para el resto.
En este punto se produce una rara coincidencia política. Compromís coincide con el PP en criticar la quita por ser discrecional y no responder a criterios objetivos, mientras que solo el PSPV respalda la propuesta del Gobierno central. El hecho de que fuerzas tan alejadas compartan diagnóstico revela hasta qué punto la infrafinanciación se ha convertido en un problema identitario para la política valenciana, más allá de las siglas.
La consellera de Hacienda, Ruth Merino, ha rebajado las expectativas al calcular que el ahorro en intereses rondaría apenas 165 millones anuales, una cifra modesta frente al tamaño del problema y que, además, según la AIReF, no podría destinarse directamente a gasto social. En definitiva, la Generalitat percibe la oferta como un parche que no resuelve la raíz del conflicto.
El verdadero horizonte preocupante se encuentra en el coste de los intereses. Según la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), la Generalitat Valenciana pagará casi 5.000 millones de euros entre 2026 y 2028 solo en este concepto. La cifra multiplica por cinco los 361 millones de 2022 y amenaza con convertir el servicio de la deuda en la tercera partida más grande de los presupuestos autonómicos, solo por detrás de Sanidad y Educación.
La Generalitat pagará casi 5.000 millones de euros entre 2026 y 2028 solo en este concepto
La situación ya afecta al día a día. El Consell de Mazón ha tenido que solicitar autorización al Gobierno central para acudir a los mercados y formalizar préstamos por valor de 1.816 millones de euros, destinados a pagar a proveedores. Las farmacias, hartas de retrasos, estuvieron a punto de tomar medidas de presión. Pedir nuevo crédito para pagar deudas antiguas: un reflejo de la espiral en que vive atrapada la Generalitat.
El Banco de España sitúa la deuda española en un 103,4% del PIB en su conjunto, con un récord de 1,69 billones de euros. Pero la radiografía nacional oculta las asimetrías regionales. La Comunitat Valenciana es el caso más extremo de un modelo que ha mostrado sus límites. Sin una reforma del sistema de financiación, cualquier quita será un simple alivio temporal.
Las promesas de reforma llevan más de una década acumulándose sin resultados tangibles
Ese es, precisamente, el punto en que coinciden la mayoría de actores valencianos: el perdón de parte de la deuda puede ayudar, pero sin un fondo de nivelación transitorio y sin un nuevo modelo de financiación, el problema se reproducirá una y otra vez. Las promesas de reforma llevan más de una década acumulándose sin resultados tangibles, tanto con gobiernos del PP como del PSOE en Madrid.
La ley orgánica para la condonación de deuda llegará al Congreso en los próximos meses. Allí se librará la verdadera batalla política, con un Gobierno necesitado de apoyos y comunidades dispuestas a presionar. Para la Comunitat Valenciana, el tiempo juega en contra. Cada trimestre que pasa, su deuda se dispara y el coste de los intereses erosiona todavía más su presupuesto.
La fotografía es clara: la autonomía más endeudada en relación a su PIB no es también la que más se beneficia de la condonación. Esa contradicción explica por qué, en València, la quita se percibe menos como un alivio que como un nuevo agravio. El futuro de la región sigue hipotecado, pendiente de una reforma estructural que, de momento, nadie en Madrid parece dispuesto a abordar.
