La vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, dio cuenta ayer de la aprobación, en el Ple del Consell, del proyecto de ley para la mejora de la renta valenciana de inclusión (RVI), una herramienta impulsada por la exvicepresidenta Mònica Oltra en tiempos del gobierno del Botànic quien la definió como “la herramienta más potente de lucha contra el empobrecimiento”.
Sin embargo, el actual gobierno del Partido Popular quería darle una vuelta desde hace tiempo a los términos en que estaba funcionando. Lo dijo hace meses la propia vicepresidenta Camarero, que la idea era evitar que esta renta fuese “una paguita”, y para ello el ejecutivo de Carlos Mazón ha trabajado en una serie de propuestas que ahora se presentan como proyecto de ley para su posterior aprobación en las Corts Valencianes.
El nuevo complemento por emergencias se contempla a raíz de la dana de octubre
Entre sus novedades, y dado el contexto actual, destaca el aumento de la prestación a través de un complemento de valor equivalente al 15% de la cuantía original reconocida de la renta que se otorgará en casos de emergencias “oficialmente declaradas”, eso sí, por la propia Generalitat Valenciana. Será un aumento “por circunstancias extraordinarias”, de carácter temporal, con el objetivo de paliar las situaciones de emergencia social producidas por accidentes, catástrofes o estados de vulnerabilidad y desprotección social “sobrevenidas e inesperadas”.
La modificación se incluye tras la experiencia de la dana del pasado octubre, cuando la vicepresidencia y conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda publicó, nueve días después de la riada, una instrucción para priorizar y agilizar la llegada de ayuda con el objetivo de cubrir las necesidades urgentes de los más vulnerables. El motivo, explican desde la Conselleria, que el Botànic no previó que se pudiera modificar la cuantía más que por modificación legislativa. “El nuevo complemento viene a prever estas situaciones que pueden surgir”, explican desde el departamento que dirige Camarero. En aquel momento, el Consell cifró en 1.670 las personas de municipios afectados por la dana que se beneficiaron de esta renta.
Un total de 1.670 personas de municipios afectados por la dana se beneficiaron de la renta valenciana de inclusión
En la gestión urgente de aquellos días se incluyó la renovación automática de la prestación a quienes vivían en las zonas afectadas por la riada y ya contaban con ella sin necesidad de solicitud de renovación. Y es que la “simplificación administrativa” es una de las máximas del gobierno de Carlos Mazón, y a ella recurre también en los cambios introducidos en la renta a partir de la aprobación de este martes, ya que la mejora de la norma incluirá “simplificar las normativas y los procedimientos” para acceder a la prestación.
Esta modificación conllevará, según el Consell, que un mayor número de personas puedan beneficiarse de una renta que ahora se amplía para incluir a jóvenes de hasta 23 años, mayores de 65 y personas beneficiarias de otros subsidios. Así, también podrá compatibilizarse con ingresos procedentes de cualquier prestación pública o privada, incluyendo expresamente las prestaciones por desempleo.
La nueva renta no permitirá a los beneficiarios rechazar “ofertas laborales adecuadas”
Con los cambios introducidos por el gobierno, Camarero considera que la renta valenciana de inclusión “pasa de ser una norma asistencial a un verdadero ascensor social para las personas más desfavorables”. Una herramienta “importante”, implantada hace siete años por el Botànic, que ahora da el paso también para ser compatible con los ingresos derivados del trabajo. Se incluirán incentivos al empleo, realizando la transición hacia “la autonomía económica”, ha asegurado la consellera. Asimismo, a sus beneficiarios no se les permitirá rechazar “ofertas laborales adecuadas”, lo que según el gobierno valenciano muestra “el compromiso de la ley con la activación laboral de los perceptores”.
