Varios miembros de la familia de Ángel Fenoll, involucrado en el llamado Caso Brugal, su hijo, su hermano, su sobrino y otras tres personas, también administradores de diferentes mercantiles, serán juzgados a partir de hoy en la sede ilicitana de la Audiencia Provincial, acusados de un delito contra el medio ambiente por, supuestamente, gestionar la distribución de basuras que debían ir destinadas a una planta de tratamiento y enterrarlas en diversas fincas de Orihuela para, a continuación, mover y acondicionar tierras para su ocultación.
Los procesados en una causa que tiene ya fijadas ocho fechas desde hoy hasta comienzos de enero en la sección séptima de la Audiencia, habrían cometido estos delitos desde el año 2005 hasta 2011. La basura que ocultaban en lugar de tratarla como estaba establecido en el contrato, se habría depositado en diversos puntos de la zona de La Murada.
Los gestores de la planta de tratamiento se ahorraban el coste del proceso y ganaban espacio para otros residuos
Aunque Ángel Fenoll es uno de los dos imputados para los que la Fiscalía solicita una pena de siete años de prisión por un delito contra el Medio Ambiente (el otro es Francisco Poveda), no será juzgado porque un tribunal determinó hace un par de años, durante otro proceso, que debido a una enfermedad degenerativa no es imputable.
Para el resto de investigados, Antonio Ángel Fenoll, Francisco Fenoll y Ángel Fenoll Pastor -hijo, hermano y sobrino del conocido empresario-; el exconcejal del PP de Albatera Javier Bru, y el empresario José Vera, la Fiscalía solicita cinco años de prisión por el mismo delito.
Lee tambiénTodos absueltos en el 'Brugal' de los residuos de la Vega Baja
Han pasado ya catorce años de este caso que se resume en el hecho de que la basura que debía ser tratada en la planta de la empresa Proambiente, en La Murada, era enterrada sin más en ocho fincas de Los Vives de Orihuela y una de Abanilla (Murcia), con el consiguiente beneficio para los gestores, que se ahorraban el coste del proceso de tratamiento y ganaban espacio para otros residuos, y el evidente deterioro ambiental por el enterramiento sin control de cientos de miles de toneladas de basura.
La Fiscalía reclama, además, que se condene a los encausados al abono del coste de la retirada de los cientos de miles de toneladas sepultadas sin tratar en los bancales de cultivo.