Recursos financieros para los valencianos

Tras superar diez años de irregularidad institucional, el Ejecutivo ha presentado finalmente un proyecto para modificar la financiación de las autonomías de régimen general. Este hecho resulta relevante: el esquema actual venció en 2014 y se ha mantenido, al igual que otros asuntos en España, mediante soluciones temporales, extensiones implícitas y falta de debate. El simple hecho de contar con un planteamiento definido representa ya un hito significativo. Además, considerando las estimaciones gubernamentales, el hecho de que la Comunitat Valenciana reciba 3.659 millones de euros adicionales exige un análisis reflexivo, alejado de dogmas y centrado en las necesidades de la región.

Conviene empezar por una obviedad que a menudo se pierde en el ruido político: la Comunitat Valenciana es, desde hace años, la comunidad peor financiada del sistema. No por mala gestión, no por despilfarro estructural, sino por un modelo que penaliza a una autonomía con población creciente y con un gasto social equiparable al de cualquier otra. El resultado es conocido: la comunidad más endeudada de España con relación al PIB como consecuencia directa de una infrafinanciación crónica. No es una consigna, es un dato avalado por informes técnicos, por expertos y por el consenso que durante años cristalizó en el llamado Pacte per un finançament just.

Partiendo de esa base, descartar inicialmente un planteamiento que, en teoría, incrementa de forma notable los recursos valencianos resulta, cuanto menos, apresurado. Esa es precisamente la postura adoptada por el Partido Popular. Sin aguardar a examinar el fondo, sin revisar las cifras y sin presentar una opción identificable, el PP ha corrido a invalidar el pacto por un motivo de forma: la falta de un consenso multilateral entre todos los grupos políticos y las autonomías. Dicha justificación poseería mayor relevancia si no fuera porque, durante el periodo en que el PP lideró España con mayoría absoluta, no realizó gestión alguna para modificar el esquema vigente. Ni un solo proyecto, ni un esquema previo, ni un diálogo efectivo. En la actualidad, por otra parte, se desconoce por completo cuál es su esquema de financiación autonómica. Se manifiesta la negativa, pero se carece de una iniciativa propia.

No obstante, el hecho de que el PP se comporte de manera oportunista no vuelve al consenso incuestionable de forma inmediata. Esto ocurre porque existe un componente que aporta dificultad política y que resulta imposible ignorar: el compromiso se ha fraguado de modo bilateral entre el Gobierno y Esquerra Republicana de Catalunya, ERC. Y tal hecho, dentro de España, jamás es indiferente. Despierta malestar, suscita recelos y fomenta la impresión de que el Gobierno ha desistido de intentar un entendimiento anterior con todas las autonomías para focalizarse en obtener respaldos parlamentarios que favorezcan la estabilidad de Pedro Sánchez. Ese trato bilateral, pese a ser un avance inicial, se ve como una prebenda política en lugar de una salida de Estado.

Desde la óptica valenciana, asimismo, el convenio posee una interpretación sumamente compleja. No precisamente por su trasfondo financiero —que podría resultar ventajoso— sino por el contexto representativo en el que surge. El hecho de que el compromiso se pactara con ERC será aprovechado de forma implacable por el PP y por Vox, quienes pronto calificarán la modificación como una nueva entrega a los “catalanes”, pese a que las cifras beneficien de manera imparcial a la Comunitat Valenciana. La discusión lógica acerca de la financiación se expone a ser enterrada por el discurso nacionalista y el sentimiento de injusticia comparada.

Esta situación dificulta de forma considerable la postura del PSPV y, especialmente, de Diana Morant, su secretaria general. Respaldar el pacto resultará complejo no por su contenido, sino por la manera en que se ha gestado. Todo ello ocurre en un entorno donde predomina la percepción, muy común entre la ciudadanía valenciana, de que los socialistas se han distanciado de la esencia integradora del Pacte per un finançament just, esa alianza que agrupaba a empresarios, centrales sindicales y a la gran mayoría de las fuerzas políticas valencianas en una demanda compartida ante el Estado. Actualmente, ese símbolo de cohesión se ha desvanecido, y el pacto con ERC no contribuye precisamente a restaurarlo.

No obstante, resultaría oportuno calmar los ánimos y centrarse en lo primordial. Tras bastantes años, existe un proyecto real. No es un simple anuncio, ni una palabra dada o un acuerdo difuso, sino datos y una estructura que, al menos en teoría, remedia parte del desequilibrio histórico que afecta a la Comunitat Valenciana. Lo lógico sería estudiarla minuciosamente, contrastarla con el marco presente y verificar si de hecho optimiza la solvencia de las prestaciones públicas valencianas. Denegarla por ideas preconcebidas o admitirla por obediencia de partido sería igual de negligente.

¿resulta eficaz este planteamiento de modificación económica con el fin de que los valencianos dejen de ser considerados habitantes de segunda categoría dentro del reparto de los recursos del Estado? Cualquier otra cuestión, por muy trascendente que sea, tiene una relevancia inferior.

Subsiste, asimismo, un factor fundamental: el proceso legislativo. El pacto tendrá que transformarse en normativa en el Congreso, donde el recorrido no resultará fácil. Junts ya ha comunicado su negativa, el PP igualmente, y la estabilidad en las cámaras es sumamente compleja. No existe seguridad de que el sistema prospere exactamente como se ha propuesto. Por tal motivo, por encima de los discursos, la Comunitat Valenciana requiere astucia política, contundencia en sus demandas y un criterio autónomo que proteja sus beneficios sin importar quién suscribiera el pacto inicial.

Debido a que finalmente, al margen de ERC, del PP o del PSOE, la cuestión primordial continúa siendo la de siempre: ¿facilita esta modificación que los valencianos dejen de ser ciudadanos de nivel inferior en la distribución de los fondos del Estado? Todo lo restante, aunque sea significativo, tiene un carácter accesorio.