Desplazamientos dificultosos en València

El desplazamiento en València ya no representa únicamente un reto técnico, sino que se ha transformado en una señal evidente. Se trata de un reflejo del caos administrativo que involucra a diversos organismos, de la carencia de voluntad gubernamental y, fundamentalmente, de un arriesgado distanciamiento entre los responsables municipales y la ciudadanía. Desplazarse actualmente por València —acceder, marcharse o cruzarla— constituye una vivencia que roza frecuentemente el hartazgo diario, ese tipo de descontento social que, aunque carece de impacto en la prensa, desgasta la credibilidad en los entes públicos.

Las deficiencias afectan a la totalidad de los sistemas de movilidad, intensificando la percepción de saturación. El servicio de metro, administrado por la Generalitat Valenciana, constituye un caso ilustrativo. En diversos trayectos, los intervalos de paso son notablemente escasos para una urbe que registra millones de trayectos en su entorno metropolitano. Durante los momentos de mayor afluencia, entrar en un coche se transforma en una prueba de calma y conformidad. No se trata de una protesta teórica: es suficiente con residir en distritos como Patraix, mi lugar de residencia, y emplear el suburbano de forma habitual para constatarlo. A esto se añade la situación precaria de ciertas paradas, algo inadecuado para una metrópoli europea que hace gala de vanguardia y bienestar.

Por su lado, el autobús municipal ha ido perdiendo su seguridad hasta transformarse en un medio de transporte pausado y poco constante. Gran parte de la culpa reside en una urbe continuamente afectada por construcciones, con vías cerradas, rutas alternativas de última hora y una saturación vehicular que hace de cada viaje una incertidumbre cronológica. No obstante, la raíz del asunto es más grave: en el momento en que la movilidad colectiva deja de ser predecible, deja de representar una opción verdadera. Y ese hueco lo llena, de forma forzosa, el vehículo particular.

A este escenario se añade la degradación del transporte de cercanías, responsabilidad del Gobierno de España. Demoras habituales, cancelaciones, carencia de presupuesto y una percepción de descuido que disuade a multitud de residentes del cinturón metropolitano de prescindir del vehículo privado. La consecuencia se observa cada jornada: entradas saturadas, atascos interminables en la ronda y en los ejes fundamentales de acceso a la urbe, una rutina cotidiana de desorden aceptada como algo habitual. Tampoco debemos olvidar el sector del taxi; resulta difícil comprender que en València sea prácticamente inviable obtener un servicio en ciertos puntos incluso utilizando la APP. 

Esto no sucede por accidente. Se vincula estrechamente con la ineficacia persistente de los gobiernos —central, municipal y regional— para conformar un ente metropolitano de transporte real. València continúa operando cual si fuese un enclave burocrático, ignorando un entorno metropolitano que involucra a más de un millón y medio de ciudadanos diariamente. Al carecer de una entidad conjunta que organice, gestione y asigne fondos, toda estrategia de movilidad termina siendo una solución temporal y fragmentada. Asimismo, sin una perspectiva global, resulta imposible lograr una conexión ágil entre localidades o un manejo justo que favorezca a la totalidad de los valencianos.

Lo experimentado durante este periodo navideño, marcado por un desorden total en los desplazamientos, no representa un hecho aislado. Constituye la manifestación más clara de una deficiencia de fondo que persiste en el tiempo y que, en lugar de solucionarse, empeora. Cualquier temporada vacacional reciente, el incremento de visitantes temporales o los actos multitudinarios demuestran que la infraestructura está saturada. Al mismo tiempo, la utilización constante del vehículo particular continúa en ascenso, provocando efectos esperados: mayor polución, incremento del estruendo y una reducción de las zonas de convivencia ciudadana.

Sumado a este escenario surge una determinación compleja de entender: el rechazo de València a establecer un área de bajas emisiones. Dicha negativa no solo distancia a la urbe de los niveles exigidos en Europa, sino que ha conllevado el extravío de subvenciones cuantiosas de la Unión Europea. Todo esto con el fin de eludir una disputa partidista que ha resultado costosa: el ayuntamiento ha tenido que subvencionar el incremento en el coste del pasaje de autobús, contemplado dentro de dichas medidas, debido al rechazo total de Vox y a la falta de aptitud del PP, el PSPV y Compromís para lograr un consenso razonable.

La movilidad en València ya no constituye meramente un reto logístico, sino que se ha convertido en un síntoma. Un indicativo del desorden administrativo que impacta a múltiples entidades y de la falta de firmeza política.

La dificultad ya no radica solo en el transporte, sino en el esquema de la urbe. València requiere ser replanteada con premura. A las consecuencias dañinas de la masificación turística se añade hoy un progresivo malestar ciudadano que está calando en diversos sectores de la sociedad. Y resulta prudente no ignorar este descontento. La trayectoria de las ciudades demuestra que cuando la rutina diaria se vuelve hostil y moverse se transforma en un conflicto constante, la indignación termina hallando vías imprevistas. En ocasiones electorales, otras veces sociales, pero casi siempre de forma anticipable.

Dirigir una urbe implica más que estrenar obras o controlar noticias. Se trata de asegurar que los residentes logren disfrutarla sin percibir que cada desplazamiento resulta un desafío agotador. València todavía dispone de margen para rectificar su trayectoria. No obstante, el tiempo avanza y el aguante de la población tiene límites.