La oportunidad valenciana

Dentro de una nación descentralizada donde las administraciones central y regional están en manos de distintas formaciones, como sucede en España, resulta difícil que, ante la fuerte división política y el constante ciclo de comicios, prospere la iniciativa del Gobierno para reformar el sistema de financiación regional sin un consenso previo con el PP. La formación liderada por Feijóo dispuso de bastante tiempo en el pasado para iniciar esta discusión y, sin embargo, no lo llevó a cabo. Igualmente, el acuerdo alcanzado de forma bilateral con ERC no facilita las cosas, pues transmite la idea de que se busca actualizar el esquema vigente desde 2014 favoreciendo exclusivamente a Cataluña. No obstante, el planteamiento, según indicaron recientemente los especialistas del IVIE, constituye una base adecuada para atajar la prolongada y arbitraria falta de recursos de la Comunidad Valenciana, origen principal de su elevado endeudamiento y de las limitaciones para ejecutar acciones públicas que otros territorios con mayor presupuesto sí logran costear. Dicho de otro modo, la carencia de fondos impide el autogobierno real, forzando la “tutela” de Madrid y contraviniendo el ordenamiento territorial establecido en la Constitución de 1978.

Puesto que la región valenciana representa la comunidad con mayor deuda de España en relación a su PIB y cuenta con la financiación más deficiente, resulta esencial considerar este planteamiento como una base inicial. En consecuencia, el president valenciano tendría que evaluar si la medida es verdaderamente provechosa, independientemente de su origen, en lugar de descartarla inmediatamente para seguir la estrategia conjunta del PP de Feijóo. Desde esa posición, se podrían fijar los requisitos que, tales como concretar la quita de la deuda o instaurar un mecanismo de nivelación temporal, respaldados igualmente por especialistas y por Compromís, se lograrían acordar mediante un diálogo bilateral con el Gobierno, dado que tal opción es viable.

Al mismo tiempo, resultaría conveniente retomar la Plataforma per un Finançament Just, junto a organizaciones empresariales y centrales sindicales, logrando que el PSPV se integrara para proyectar un consenso valenciano sobre el sistema de fondos que se quebró tras el rechazo de los socialistas a respaldar el mecanismo de nivelación. Que el planteamiento del Gobierno logre el visto bueno en el Congreso resulta, actualmente, bastante complicado. No obstante, al ser la región más perjudicada por la falta de recursos, lo cual afecta de forma clara a la excelencia de las prestaciones públicas, resulta imperativo que Llorca demuestre una postura autónoma sobre los pactos necesarios y que los grupos opositores del PSPV y Compromís cooperen para intentar mitigar una coyuntura que anualmente resta prosperidad a la ciudadanía valenciana. Actuar de forma opuesta, limitándose a acatar las órdenes del PP y del PSOE, representa precisamente lo que menos beneficia en este momento a la población de la Comunitat. Principalmente porque supone un riesgo de que el conflicto se perpetúe en este castigado territorio autonómico.