El 'yonqui del dinero' y tres
Tribunales
Piden seis años y medio de cárcel para Benavent.
El autoproclamado “yonki del dinero”, Marcos Benavent, (en la parte izquierda de la foto), durante su arribo a la Ciudad de la Justicia).
Quien fuera el máximo responsable de la compañía pública Imelsa y se definiera como 'yonqui del dinero', Marcos Benavent, vuelve a sentarse este lunes ante el tribunal, junto con tres directivos y el exgerente de una fundación, para dar explicaciones sobre la presunta alteración, entre 2003 y 2008, de distintos contratos de la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de València a cambio de gratificaciones prohibidas.
Dentro del pliego de cargos, al cual ha accedido EFE, la Fiscalía requiere seis años y seis meses de privación de libertad para Benavent por ilícitos continuados de cohecho y desvío de fondos públicos, junto con un delito de prevaricación administrativa; para él, la Fiscalía contempla la atenuante analógica de confesión por su cooperación con la instrucción.
Fiscalía reconoce la confesión como atenu
Junto a Benavent, Anticorrupción acusa a Vicente Burgos Antón, exgerente de la Fundación pública Jaume II El Just, para quien solicita cinco años de prisión por un delito continuado de malversación.
Según el escrito de acusación, Burgos permitió que Benavent cobrara durante años un salario público sin desempeñar funciones reales, mientras realizaba tareas para el Partido Popular.
Vicente Burgos Antón, antiguo responsable de la Fundación pública Jaume II El Just, se halla entre los procesados.
La Fiscalía también dirige la acusación contra tres empresarios: Enrique Aleixandre Chumillas, Carlos Vicent Gil y Carlos Turró Homedes, a quienes atribuye delitos de cohecho activo por el pago de sobornos destinados a asegurarse la adjudicación de contratos públicos; para cada uno de ellos solicita tres años de prisión, una multa de 29.000 euros y penas de inhabilitación.
El escrito de calificación describe el amaño de contratos y atribuye un papel central a la exconcejala de Cultura del Ayuntamiento de Valencia María José Alcón, fallecida en 2018, motivo por el cual su responsabilidad penal se encuentra extinguida.
De acuerdo con la Fiscalía, Alcón supervisaba la formación de los tribunales de licitación, la elaboración de las bases y los análisis técnicos, favoreciendo la concesión de convenios a compañías elegidas con anterioridad.
Benavent actuaba como intermediario y recaudador de las comisiones, mientras que los empresarios abonaban cantidades en metálico una vez asegurada la adjudicación.
Contratos bajo sospecha
Entre los contratos investigados figura el de limpieza y restauración de la Lonja de València, adjudicado en 2003 a la empresa Estudios Métodos de la Restauración (EMR) por un importe de algo más de un millón de euros.
Si bien la propuesta entregada contemplaba un descuento del 20 %, el límite autorizado, el Ministerio Público afirma que tal reducción se vio equilibrada mediante una extensión ulterior del acuerdo, otorgada sin licitación abierta y por una cuantía próxima a los 450.000 euros. Como contrapartida por esta concesión, el delegado de EMR, Carlos Vicent Gil, supuestamente facilitó 9.000 euros a Benavent.
Una más de las carpetas revisadas trata sobre las labores de higienización y restauración de las Torres de Quart, concedidas en 2006 a una agrupación temporal de compañías dirigida por CLEOP.
De acuerdo con la imputación, el proceso se encontraba manipulado desde su comienzo y quien fuera directivo de la empresa de construcción, Carlos Turró Homedes, habría desembolsado 20.000 euros con el fin de garantizarse la adjudicación. El Ministerio Público destaca la carencia de fundamentos técnicos en las valoraciones concedidas así como la falta de transparencia en los dictámenes presentados.
El apartado E abarca además los contratos relacionados con la XXVII Mostra de València, gestionada por la Fundación Municipal del Cine, bajo la presidencia en aquel tiempo de Alcón. Dentro de estas figura el contrato de servicios de azafatería y apoyo, otorgado a la firma Universo Selección SL, perteneciente a Enrique Aleixandre Chumillas, junto con diversas prestaciones de logística y coordinación de actos culturales.
Conforme a la Fiscalía, dichos contratos se efectuaron incluyendo pautas discrecionales en las bases para beneficiar a compañías específicas, las cuales después facilitaban sumas en metálico y hasta un automóvil a modo de pago.
Aparte de las condenas de cárcel, el Ministerio Público demanda la incautación de 29.000 euros derivados de los sobornos ilegales y exige una indemnización civil solidaria de 164.626 euros a Benavent y Burgos por la malversación de caudales estatales en la Fundación Jaume II El Just.