La indiferencia de PP y PSPV y la obstrucción de Vox condenan al estancamiento al derecho civil valenciano
Política
A lo largo de este martes, el Congreso evaluará un proyecto de reforma constitucional de Baleares, mientras que la propuesta valenciana permanece bloqueada; las Corts no han dado respuesta en tres meses al requerimiento de la Cámara Baja.
José Ramón Chirivella realiza comentarios ante los periodistas a lo largo de la movilización por el Derecho Civil Valenciano.
Al concluir octubre, la presidenta del Congreso, Francina Armengol (PSOE), remitió una misiva a la presidenta de las Corts Valencianas, Llanos Massó (Vox), con el fin de que le notificara la formación de la representación valenciana que respaldaría en la Cámara Baja el proyecto de modificación constitucional validado por el Parlamento valenciano para la restitución plena del derecho civil valenciano.
Durante ese mismo ciclo, Armengol remitió también un escrito al Parlamento balear (otra institución bajo el mando de Vox) para que seleccionara a los parlamentarios que sostendrían en el Congreso la modificación impulsada por el legislativo de las islas. Pese al rechazo de la extrema derecha, el Hemiciclo insular nombró a los portavoces que el martes próximo defenderán en Madrid una variación del artículo 69.3 de la Constitución que constituiría a Ibiza y Formentera como distritos propios para el Senado, favoreciendo así una mayor visibilidad en la Cámara Alta.
De este modo, el próximo martes el Congreso analizará la admisión a trámite de dicha iniciativa, sin embargo, no será posible actuar igual respecto a la modificación orientada a recobrar el derecho civil valenciano debido a que las Corts han permanecido inactivas a partir del momento en que la presidenta Armengol presentó su propuesta “en caso de que las Corts Valencianes mantengan su voluntad de impulsar esta proposición de reforma constitucional”. No da la impresión de que ocurra de esa forma.
Según manifiesta el máximo responsable de la Associació de Juristes Valencians, José Ramón Chirivella, “los valencianos se arriesgan a perder un nuevo tren por la desidia de los grupos parlamentarios”. Chirivella detalla a Guyana Guardian que durante junio de 2021, después de una intensa movilización de respaldo ciudadano y de superar los 500 consistorios de la Comunidad Valenciana, las Corts Valencianes ya designaron a los parlamentarios encargados de sostener en Madrid la iniciativa, aunque dicho nombramiento perdió vigencia debido a la convocatoria de elecciones regionales. A partir de ese momento, el Parlamento valenciano ha permanecido inactivo incluso frente a la misiva del Congreso, lamenta el representante de esta agrupación social que sigue impulsando la defensa del derecho civil valenciano.
El PP afirma que no hay cambios, Vox se opone y el PSPV indica que no poseen mayoría; solamente Compromís continúa con el esfuerzo.
Según pudo verificar este diario ayer, recobrar este privilegio no representa una urgencia para unas Corts Valencianes que todavía no inician su etapa de sesiones. La Presidencia de las Corts evita pronunciarse y señala que el asunto depende de las formaciones parlamentarias. Con todo, resulta obvio que Vox no apoya tal demanda y no pretende reactivar la discusión. Pese a ello, esto no ha supuesto un freno en Baleares para las demás agrupaciones.
Por otro lado, en el PP aseguran no tener noticias nuevas ante las consultas de este medio sobre si pondrían en marcha alguna medida, mientras que en el PSPV defienden que los populares ostentan el control, ya que los socialistas no pueden realizar designaciones sin el respaldo del PP. “No tenemos mayoría para plantearlo”.
En este momento, únicamente Compromís parece mostrar interés por el asunto. El representante de la formación, Joan Baldoví, ya consultó sin obtener resultados, antes de Navidad, en una Junta de Síndics acerca de si se contestaría a la misiva de Armengol. Ayer, tras la iniciativa de la Associació de Juristes Valencians que propuso a tres diputados para acudir al Congreso, Compromís presentó una petición en las Corts para que se nombre una delegación de parlamentarios y se someta a votación en el próximo pleno.